«Los ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno entre 2005 y 2010, y nuevamente desde 2013 a 2015, son testimonios de la realidad; el más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década. En ellos se relatan infinidad de trayectos por las calles de esta ciudad y del conurbano, cientos de nombres y de lugares, múltiples escenas surcadas por un mismo denominador común: el dinero«, sostuvo la Cámara en la resolución a la que accedió Infobae.

Pero además el fallo tomó las palabras de varios arrepentidos. «Al asumir la presidencia de la Nación, Néstor Kirchner no sólo habría traído consigo el modelo de gestión que desarrollara en sus años como gobernador de Santa Cruz, con él se importaría también un sistema de recaudación paraestatal, centrado principalmente –por su volumen- en la concesión de la obra pública, sin descartar otras formas recaudatorias de ingresos espurios», se señaló.

«Las referencias sobre el destino de las sumas percibidas se cuentan por centenares y conducen al domicilio de los ex mandatarios -sea en el edificio de Uruguay y Juncal de esta ciudad o en la quinta presidencial de Olivos- o a las manos de algún colaborador de extrema confianza. Es así que el nombre de Daniel Muñoz (fallecido), secretario privado de la presidencia, aparece mencionado 87 veces en las anotaciones de Centeno. Se agrega la residencia del matrimonio Kirchner en Río Gallegos, señalada también como destino de los bolsos con dinero. En suma, con mayor o menor detalle, lo cierto es que las evidencias colectadas muestran que el derrotero de los montos recaudados culmina en los ex presidentes», se advirtió.

«Infinidad de pagos, un único punto de convergencia – se añadió-. Una pirámide donde los diversos orígenes de la recaudación conducen a un mismo vértice. Las múltiples entregas de dinero de parte de numerosas empresas -a las que el Juez calificó en algunos casos como dádivas y en otros como cohecho- dan cuenta de ello.

Según se sostuvo, «las probanzas colectadas en autos han revelado los actores, los lugares y las rutinas de esta comunidad ilícita, enclavada en el seno de la Administración Pública Nacional».

Y advirtió: «no se trató de una simple organización criminal ubicada en estratos medios del escalafón administrativo. Su estructura piramidal con eje en los máximos representantes del Poder Ejecutivo del Estado Nacional le dio características extraordinarias: de inusual y poderosa capacidad de acción, medios extraordinarios basados en la estructura jerárquica para lograr sus fines y, sobre todo, de una impunidad sin precedentes. Corrupción con rasgos definitivos de gravedad y descomposición institucional, increíblemente prolongada en el tiempo».

Desafuero

Aunque el juez Claudio Bonadio al dictar el procesamiento de Cristina Kirchner había dejado supeditado un pedido de desafuero a la confirmación de la Cámara, los jueces Bruglia y Bertuzzi no se expidieron sobre la cuestión. No obstante, confirmaron las prisiones preventivas de Cristina Fernández, Julio de Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José M. Olazagasti, José López, Oscar A. Thomas y Gerardo Ferreyra.

Lo que sí resolvieron rechazar las nulidades planteadas por la defensa de Cristina sobre la nulidad de la causa, el inicio de la investigación y los llamados planteos de «litispendencia».

Empresarios y ex funcionarios libres

Más allá de los procesamientos, la Cámara Federal dispuso la excarcelación de varios de los imputados. A los empresarios porque ya no forman parte de la asociación ilícita. A algunos ex funcionarios porque no hay riesgos para ellos de fugarse, entorpecer la investigación y tener relaciones residuales con el poder.

Los empresarios excarcelados son Carlos Mundín, presidente de BTU, y el rionegrino Raúl Vertua, que estaban detenidos en la cárcel de Marcos Paz. También alcanza a Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la Unión Industrial Argentina, que por su edad y razones de salud tenía prisión domiciliaria.

Los ex funcionarios de menor rango que estaban presos y quedan libres son Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa; Hernán Del Río, chofer de José María Olazagasti, secretario de Julio De Vido; Ezequiel García, ex director de Energías Renovables del Ministerio de Planificación; y Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación.

El resto de los ex funcionarios seguirán presos, entre ellos están De Vido, Baratta o Rafael Llorens.

Arrepentidos

En un apartado, los jueces también resolvieron rechazar la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, formulada por varios ex funcionarios presos. Afirmaron que la ley no viola la igualdad ante la ley, sino que solo da beneficio a un imputado que colabora; ni tampoco el principio de no declarar contra sí mismo. Un detalle, remarcaron, la ley es de acogimiento voluntario.