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Es inconstitucional el cobro de impuesto a las Ganancias a jubilados

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Es inconstitucional el cobro de impuesto a las Ganancias a jubilados

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones y pensiones (artículos 23, inciso c; 79, inciso c; 81 y 90 de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430).

Lo hizo en el caso de María Isabel García, jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, que en el año 2015, cuando contaba con 79 años de edad, promovió contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) una acción con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la deducción del impuesto a las ganancias sobre su beneficio. Afirmó que padecía problemas de salud y que los descuentos en su beneficio oscilaban entre el 29,33% y el 31,94%.

La Cámara Federal de Paraná confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Impuesto a las Ganancias y que había ordenado a la Administración Federal de Ingresos Públicos que cesara en la aplicación del impuesto sobre la jubilación de la señora García y le abonase las sumas que se hubiesen retenido desde la promoción de la acción.

La Corte Suprema, tras recordar el alcance de los principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria, destacó que el presente caso debe resolverse en base a la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la jubilada. Explicó en este punto que la reforma constitucional de 1994 garantizó “la igualdad real de oportunidades y de trato” a favor de los jubilados, como grupo vulnerable (artículo 75 inciso 23). El envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida.

Destacó que la reforma constitucional de 1994 genera el deber del legislador de dar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables –entre ellos los jubilados-, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos. A la luz de este mandato de naturaleza social, el imperativo constitucional debe proyectar en la actuación del Estado una mirada humanista al momento de definir su política fiscal. En consecuencia, el Tribunal destacó que el sistema tributario no puede desentenderse del resto del ordenamiento jurídico y operar como un compartimento estanco, destinado a ser autosuficiente sin considerar los grupos que la Constitución protege de manera especial.

En este marco, explicó que la sola utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados resulta insuficiente porque no toma en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional. La falta de consideración por las autoridades de esta circunstancia coloca a los jubilados en una situación de notoria e injusta desventaja.

Por todo ello, la Corte Suprema resolvió que el texto actual de la ley, redactado en un contexto histórico diferente, resulta insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional.

Concluyó por lo tanto en que no puede retenerse ninguna suma por impuesto a las ganancias a la jubilación de la demandante hasta que el Congreso Nacional dicte una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto, debiendo reintegrarse a la señora García los montos retenidos desde la interposición del reclamo.

En disidencia, Carlos Rosenkrantz resolvió que las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias que establecen que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto son, en principio, constitucionales y que no se demostró la inconstitucionalidad ni irrazonabilidad del pago del impuesto en el caso de la actora.

Para resolver de ese modo, de modo preliminar, Rosenkrantz destacó que en el año 2016 -a los efectos de morigerar la sensible situación de los jubilados y pensionados- el Congreso sancionó la ley 27.346 que introdujo modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias. En dicha ley, el Congreso estableció una deducción especial en virtud de la cual las jubilaciones o pensiones de aquellos beneficiarios del régimen general, con ingresos exclusivamente de naturaleza previsional, son gravadas recién a partir de una suma que, al día de hoy, es de $62.462,22.

Luego, Rosenkrantz indicó que las jubilaciones y pensiones son “renta” tal como ella es definida por la Ley de Impuesto a las Ganancias y que, en tanto tal, se encuentran gravadas por dicho impuesto. En efecto, al regular la cuarta categoría de ganancias, se establece de manera expresa y especial que “constituyen ganancias […] las provenientes: […] (c) de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado sujeto al pago del impuesto” (artículo 79, Ley de Impuesto a las Ganancias, texto actual). Para Rosenkrantz, esta conclusión encuentra sustento, además, en la jurisprudencia de la Corte según la cual el legislador goza de amplia discreción para determinar los hechos imponibles (Fallos 318:676; 329:2152; entre otros). Es el legislador quien pondera los diversos intereses en juego (por ejemplo, la relación existente entre quienes deben contribuir al sostenimiento económico del Estado y quienes son beneficiarios del sistema de la seguridad social; el nivel de ingresos a partir del cual es justo exigir que los beneficiarios del sistema contribuyan a su mantenimiento) y determina, en ejercicio de la potestad constitucional de establecer tributos, qué es lo que gravará.

Adicionalmente, sostuvo que el cobro del impuesto a las ganancias a los jubilados no constituye un supuesto de doble imposición. Ello es así, por cuanto los aportes previsionales no son gravados por el impuesto a las ganancias que tributa quien se encuentra en actividad dado que ellos son deducibles de los ingresos gravados con el impuesto a las ganancias. Asimismo, el impuesto a las ganancias que se paga en actividad y el que se paga por recibir beneficios jubilatorios responde a hechos imponibles distintos que gravan distintas manifestaciones de riqueza.

Para Rosenkrantz, el impuesto a las ganancias no viola el artículo 14 bis según el cual los beneficios de la seguridad social deben tener el carácter “integral e irrenunciable”. Entendió que la “integralidad” de la seguridad social que la Constitución garantiza no implica que los beneficios de la seguridad social no puedan ser gravados sino que expresa la convicción del constituyente de que la seguridad social debe abarcar muchos otros beneficios diferentes a la jubilación amparando a los habitantes de la Nación de contingencias diversas.

Asimismo, indicó que la posibilidad de gravar las jubilaciones y pensiones está positivamente presupuesta por firmes doctrinas desarrolladas por la Corte y mantenidas hasta la actualidad. Ello es así por cuanto la Corte Suprema ha decidido reiteradamente que las reducciones en los montos de las jubilaciones están constitucionalmente justificadas cuando: (i) fueran impuestas por ley; (ii) respondieran al interés público; y (iii) no fueran confiscatorias ni padecieran de una arbitraria desproporcionalidad.

En el caso, el impuesto a las ganancias responde a motivos de interés general y a las exigencias de la justicia distributiva ya que los recursos que mediante este impuesto se obtienen son destinados, por imperativo constitucional, a la promoción del bienestar general. Además, la actora no ofreció la prueba concluyente requerida por la Corte a los fines de demostrar la confiscatoriedad o irrazonabilidad del tributo. En efecto, la actora sólo ofreció prueba relativa al pago de un servicio de telefonía, cuyo costo representaba el 0,68% del haber jubilatorio percibido en el mes de mayo de 2015 cuyo monto fue de $81.503,42, época en la cual el haber medio de jubilaciones y pensiones del país era de $5.179.

Por lo tanto, el haber de la actora era más de 15 veces superior al haber medio de nuestro país, lo que muestra elocuentemente que se encuentra en una mejor situación que la mayoría de los integrantes del colectivo de jubilados y pensionados. En relación con la invocación de problemas de salud, la actora no aportó prueba alguna de cuáles serían los gastos normales asociados a los problemas de salud ni indicó qué problema de salud específico la afectaría. De hecho, entendió que no hacía falta hacerlo pues ella misma consideró que la cuestión era de puro derecho, lo que así fue declarado por el juez interviniente.

Por último, para Rosenkrantz tampoco existe una prohibición constitucional de gravar las jubilaciones y pensiones en los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por Argentina ni en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, no cabe inferir de las normas contenidas en los tratados internacionales una restricción a la facultad constitucional expresa del Congreso de gravar ciertas manifestaciones de riqueza. Más aun, la facultad de gravar manifestaciones de riqueza, como puede ser el haber jubilatorio de quienes perciben las jubilaciones más altas del sistema y no han probado el carácter confiscatorio o irrazonable del impuesto a las ganancias, es necesaria, como los impuestos en general, justamente para adoptar medidas que desarrollen los derechos sociales enunciados de modo general en los tratados internacionales de derechos humanos.

Adicionalmente, Rosenkrantz consideró que el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional tampoco constituye fundamento suficiente para la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias que establecen que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto. El artículo 75 inciso 23 de la Constitución dispone que corresponde al Congreso dictar medidas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, “en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

Para Rosenkrantz, la mención en el texto constitucional de ciertas categorías de personas o la vulnerabilidad con la que a ellas comúnmente se asocia no exime a dichas personas, por esa sola circunstancia, de la obligación de pagar los tributos que el Congreso establezca para afrontar los gastos del Estado. Si ello fuera cierto, “debería admitirse una conclusión que parece inaceptable, por ejemplo, que las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, deberían estar eximidas de pagar cualquier tributo o deberían pagar un porcentaje menor que los hombres”.

Para concluir, Rosenkrantz sostuvo que “el mero hecho de que consideremos que el Estado no ha hecho por los jubilados lo que cada uno de nosotros desearía no puede convertirse en un argumento para fulminar con la inconstitucionalidad un régimen que necesariamente depende de valoraciones, hechos, estrategias y criterios de oportunidad cuya articulación corresponde primariamente al Congreso de la Nación”. A ello agregó que el Poder Judicial “no tiene facultades para invalidar los gravámenes en razón de su injusticia o inconveniencia, del exceso de su monto o de las formas de percepción, mientras de ellos no resulte una violación de las disposiciones constitucionales” (Fallos: 181:264; 188:464; entre otros) y que tampoco se encuentra facultado para establecer categorías tributarias o distinciones no previstas en las leyes sometidas a su consideración.

Fuente: cij.gov.ar

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Es inconstitucional el cobro de impuesto a las Ganancias a jubilados
Fuente: PRIMERA EDICION

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El velatorio de Maradona, en la Rosada: empezará mañana y será masivo

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La despedida de Diego Maradona se realizará a cajón cerrado. Duraría al menos hasta el viernes, según fuentes oficiales. Se aguarda una asistencia multitudinaria.  

El velatorio de Diego Armando Maradona, que falleció este miércoles a los 60 años, se desarrollará a partir de este jueves a cajón cerrado en la Casa Rosada y se extenderá al menos hasta el viernes, ya que se aguarda una asistencia masiva.

Así lo confirmaron a NA altas fuentes oficiales, luego de que el presidente Alberto Fernández le ofreciera el edificio de Balcarce 50 a la familia de Maradona para la despedida del campeón del mundo de 1986.

Según supo NA, el velatorio se extenderá "al menos hasta el viernes", ya que se estima que asistirá alrededor de un millón de personas.

Se estableció que quienes quieran despedir al ídolo ingresarán por la puerta de Balcarce 50 y luego saldrán por Balcarce 24, y las puertas se abrirían después del mediodía de este jueves, a cajón cerrado.

Habrá vallas colocadas desde 9 de Julio y Avenida de Mayo para que los participantes avancen hasta la Casa de Gobierno por esa vía, en un intento por cumplir con las normas de distanciamiento social, en medio de la pandemia de coronavirus.

Según pudo constatar NA, pasadas las 15 de este miércoles, el personal de mantenimiento comenzó a retirar las placas de yeso que se encontraban en el ingreso de Balcarce 50, cuya entrada no se utiliza desde fines del gobierno de Mauricio Macri.

En ese momento, la familia no había respondido a la propuesta, pero el Gobierno decidió iniciar las tareas para "poner en condiciones" el lugar, ante la posibilidad de que así fuera.

Por eso, "se activó el protocolo" para despejar el ingreso a la Casa Rosada para "tener todo listo".

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YPF aumentó el precio de los combustibles un 2,5% en promedio en todo el país

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Desde la compañía destacaron que el objetivo es “ir recortando brechas entre la Capital Federal y el resto de las provincias”. En CABA el incremento promedio es del 2,8%. El alza se suma al del 3,5% que rige desde octubre.

Desde la medianoche de este lunes, YPF aumentó el precio de sus combustibles un 2,5% promedio a nivel nacional y agrega más presión sobre el índice de inflación que cerrará el año en torno al 40% según las cifras del INDEC. Este nuevo incremento se suma al 3,5% promedio que se aplicó en octubre.

Desde la empresa justificaron la decisión explicando que se intenta “recomponer asimetrías históricas” que existen entre la Capital Federal y el interior del país.

En la Ciudad de Buenos Aires el alza será de 2.85% en promedio y se comenzó a aplicar a partir de la hora cero de este lunes 23 de noviembre, por lo cual quienes vayan a cargar durante la madrugada ya sentirán el incremento.

 Ante los aumentos por parte de YPF, el resto de las empresas expendedoras suelen seguir los pasos que toma la compañía estatal, que es la líder del sector, con una participación del 55% del mercado de venta de combustible. Por esta razón, se prevé que el salto en los precios se daría también en las demás petroleras.

La última suba de precios que había implementado en sus estaciones de servicio fue el 16 de octubre, “como consecuencia del aumento de los valores en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ILC), el Impuesto al Dióxido de Carbono y los biocombustibles”.

En aquella oportunidad, el aumento estaba previsto porque para esa fecha se había fijado la actualización del impuesto a los combustibles, que afecta tanto a los gravámenes sobre los Combustibles Líquidos como a los que se aplican sobre el Dióxido de Carbono. Cabe aclarar que los montos de ambos impuestos se deben actualizar cada trimestre, sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

El precio de los combustibles había sido ajustado en agosto y septiembre, y se especuló con la posibilidad de que el Gobierno le pidiera a las empresas que absorbieras esa nueva actualización impositiva para que no se trasladara al precio del surtidor, pero YPF decidió avanzar con ese incremento del 3,5 por ciento.

También en octubre, la Secretaría de Energía había reconocido que la actualización de los precios del bioetanol y del biodiesel “traerían como consecuencia aumentos en el precio de las naftas en el surtidor que agravarían aún más la situación” económica en la que se encuentra la población.

 No obstante, estas tarifas se encontraban congeladas desde diciembre, por lo que también es complicado el contexto del sector, por lo que el Gobierno había considerado “necesario fraccionar las citadas actualizaciones a fin de morigerar su impacto en el contexto macroeconómico actual y en pos de preservar los derechos que asisten a consumidores y usuarios de bienes y servicios”, de acuerdo con la resolución en la cual se anunciaron los incrementos para esos dos productos.

En el tercer trimestre 2020, los ingresos de YPF subieron un 19,5% (expresado en dólares) como resultado de la recuperación en las ventas de combustibles y la estabilización de la producción de petróleo y gas.

 La compañía también había aumentado los precios un 2,5% en septiembre y antes de eso lo había hecho en agosto, cuando la actualización fue de un 4,5% en promedio en todo el país, pero en la ciudad de Buenos Aires alcanzó el 6 por ciento, según informaron.

DIARIO NORTE.-

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La vacuna de AstraZeneca- Oxford contra el coronavirus es segura y logró 99% de inmunidad en adultos mayores

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Es el resultado de la segunda fase de pruebas entre personas de más de 55 años. Es la que se fabricará en Argentina y México.

La segunda fase de pruebas clínicas de la vacuna contra la covid-19 desarrollada por la universidad inglesa de Oxford demuestra que es segura en personas mayores sanas y provoca una respuesta inmune, informa este jueves la revista médica "The Lancet".

Se trata de la vacuna que se fabricará en Argentina y México y que el presidente Alberto Fernández espera que esté lista para aplicar en marzo.

En colaboración con la farmacéutica AstraZeneca y otros organismos, los investigadores probaron el preparado, llamado ChAdOx1 nCoV-19, en un experimento con 560 adultos sanos, entre ellos 240 de más de 70 años, con el objetivo de observar su impacto en el sistema inmune y posibles efectos secundarios.

Los "prometedores resultados preliminares" indican que esta vacuna contra el virus SARS-CoV-2 ofrece "similares resultados de seguridad e inmunogenicidad en los adultos sanos de más edad que en aquellos de entre 18 y 55 años".

"Los valores de neutralización se lograron 14 días después de la vacunación de refuerzo en 208 (> 99%) de 209 receptores de una vacuna de refuerzo", señala el informe.

Según "The Lancet", la Fase 2 permite concluir que el antídoto provoca "pocos efectos secundarios" e "induce una respuesta inmune en ambas partes del sistema inmune en todos los grupos de edad tanto con una dosis baja como estándar".

De acuerdo con el estudio, la vacuna británica genera una respuesta de las células T (capaces de encontrar y atacar células infectadas por el virus) a los catorce días de la primera dosis, y una respuesta de anticuerpos a los 28 días de la dosis de refuerzo (que atacarían al virus cuando circulase por la sangre o sistema linfático)

Los autores apuntan que la Fase 3 de las pruebas clínicas, que está en marcha, debe confirmar estos resultados y determinar "hasta qué punto la vacuna es efectiva para proteger de la infección por SARS-CoV-2" en un grupo más amplio y heterogéneo de personas, que incluya gente de edad avanzada con patologías previas.

En el estudio difundido este jueves, que no mide la eficacia de la vacuna para proteger del virus, 560 adultos (160 de entre 18 y 55 años; 160 de 56 a 59 años y 240 de más de 70) con buena salud recibieron bien la vacuna de Oxford bien un antídoto de control.Los voluntarios de más de 55 años fueron divididos en dos grupos y recibieron una sola dosis de la vacuna o dos en un periodo de 28 días. Todos fueron observados desde el principio para detectar efectos adversos así como la respuesta inmune.

Los autores señalan que los efectos secundarios de la ChAdOx1 nCoV-19 fueron "leves" (como dolor por la inyección, fatiga, dolor de cabeza, fiebre o dolor muscular) si bien más comunes que con la vacuna de control.

Se detectaron trece casos de gravedad en los seis meses desde la primera dosis pero que no se consideran relacionados con las vacunas.

Los investigadores explican que los efectos secundarios fueron incluso menos comunes en los adultos mayores que en los más jóvenes, y la respuesta inmune fue "similar" en todos los grupos de edad tras la dosis de refuerzo.

La vacuna indujo anticuerpos contra la proteína de punta del coronavirus 28 días después de una primera dosis baja o estándar en todos los grupos de edad. Después de la vacuna de refuerzo, el nivel de anticuerpos aumentó a los 56 días del inicio del experimento, y lo mismo sucedió con los anticuerpos neutralizadores 42 días después.

Por su parte, la respuesta de las células T contra la proteína de punta del coronavirus culminó catorce días después de la primera inoculación, al margen de la edad o la dosis.

La investigadora Sarah Gilbert afirma que este estudio "responde a algunas de las cuestiones" planteadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la necesidad de que las vacunas contra la covid protejan a las personas adultas de más edad.

Sin embargo, apunta, quedan por responder otras "preguntas sobre la eficacia y duración de la protección" y además se debe probar la vacuna en gente mayor con patologías para asegurar que protege a quienes tienen más riesgo de enfermar de gravedad.

Los autores reconocen que su experimento "tiene limitaciones", por ejemplo que las personas más mayores tenían una media de edad de 73 o 74 años y estaban sanas, lo que no refleja la situación en las residencias de ancianos.

Además, añaden, la mayoría de voluntarios de cualquier edad eran blancos y no fumadores, por lo que en la tercera fase de los ensayos clínicos se extenderán las pruebas a gente de diferentes procedencias.

Con información de EFE.

JPE

CLARIN.-
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