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Es inconstitucional el cobro de impuesto a las Ganancias a jubilados

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Es inconstitucional el cobro de impuesto a las Ganancias a jubilados

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones y pensiones (artículos 23, inciso c; 79, inciso c; 81 y 90 de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430).

Lo hizo en el caso de María Isabel García, jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, que en el año 2015, cuando contaba con 79 años de edad, promovió contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) una acción con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la deducción del impuesto a las ganancias sobre su beneficio. Afirmó que padecía problemas de salud y que los descuentos en su beneficio oscilaban entre el 29,33% y el 31,94%.

La Cámara Federal de Paraná confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Impuesto a las Ganancias y que había ordenado a la Administración Federal de Ingresos Públicos que cesara en la aplicación del impuesto sobre la jubilación de la señora García y le abonase las sumas que se hubiesen retenido desde la promoción de la acción.

La Corte Suprema, tras recordar el alcance de los principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria, destacó que el presente caso debe resolverse en base a la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la jubilada. Explicó en este punto que la reforma constitucional de 1994 garantizó “la igualdad real de oportunidades y de trato” a favor de los jubilados, como grupo vulnerable (artículo 75 inciso 23). El envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida.

Destacó que la reforma constitucional de 1994 genera el deber del legislador de dar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables –entre ellos los jubilados-, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos. A la luz de este mandato de naturaleza social, el imperativo constitucional debe proyectar en la actuación del Estado una mirada humanista al momento de definir su política fiscal. En consecuencia, el Tribunal destacó que el sistema tributario no puede desentenderse del resto del ordenamiento jurídico y operar como un compartimento estanco, destinado a ser autosuficiente sin considerar los grupos que la Constitución protege de manera especial.

En este marco, explicó que la sola utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados resulta insuficiente porque no toma en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional. La falta de consideración por las autoridades de esta circunstancia coloca a los jubilados en una situación de notoria e injusta desventaja.

Por todo ello, la Corte Suprema resolvió que el texto actual de la ley, redactado en un contexto histórico diferente, resulta insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional.

Concluyó por lo tanto en que no puede retenerse ninguna suma por impuesto a las ganancias a la jubilación de la demandante hasta que el Congreso Nacional dicte una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto, debiendo reintegrarse a la señora García los montos retenidos desde la interposición del reclamo.

En disidencia, Carlos Rosenkrantz resolvió que las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias que establecen que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto son, en principio, constitucionales y que no se demostró la inconstitucionalidad ni irrazonabilidad del pago del impuesto en el caso de la actora.

Para resolver de ese modo, de modo preliminar, Rosenkrantz destacó que en el año 2016 -a los efectos de morigerar la sensible situación de los jubilados y pensionados- el Congreso sancionó la ley 27.346 que introdujo modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias. En dicha ley, el Congreso estableció una deducción especial en virtud de la cual las jubilaciones o pensiones de aquellos beneficiarios del régimen general, con ingresos exclusivamente de naturaleza previsional, son gravadas recién a partir de una suma que, al día de hoy, es de $62.462,22.

Luego, Rosenkrantz indicó que las jubilaciones y pensiones son “renta” tal como ella es definida por la Ley de Impuesto a las Ganancias y que, en tanto tal, se encuentran gravadas por dicho impuesto. En efecto, al regular la cuarta categoría de ganancias, se establece de manera expresa y especial que “constituyen ganancias […] las provenientes: […] (c) de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado sujeto al pago del impuesto” (artículo 79, Ley de Impuesto a las Ganancias, texto actual). Para Rosenkrantz, esta conclusión encuentra sustento, además, en la jurisprudencia de la Corte según la cual el legislador goza de amplia discreción para determinar los hechos imponibles (Fallos 318:676; 329:2152; entre otros). Es el legislador quien pondera los diversos intereses en juego (por ejemplo, la relación existente entre quienes deben contribuir al sostenimiento económico del Estado y quienes son beneficiarios del sistema de la seguridad social; el nivel de ingresos a partir del cual es justo exigir que los beneficiarios del sistema contribuyan a su mantenimiento) y determina, en ejercicio de la potestad constitucional de establecer tributos, qué es lo que gravará.

Adicionalmente, sostuvo que el cobro del impuesto a las ganancias a los jubilados no constituye un supuesto de doble imposición. Ello es así, por cuanto los aportes previsionales no son gravados por el impuesto a las ganancias que tributa quien se encuentra en actividad dado que ellos son deducibles de los ingresos gravados con el impuesto a las ganancias. Asimismo, el impuesto a las ganancias que se paga en actividad y el que se paga por recibir beneficios jubilatorios responde a hechos imponibles distintos que gravan distintas manifestaciones de riqueza.

Para Rosenkrantz, el impuesto a las ganancias no viola el artículo 14 bis según el cual los beneficios de la seguridad social deben tener el carácter “integral e irrenunciable”. Entendió que la “integralidad” de la seguridad social que la Constitución garantiza no implica que los beneficios de la seguridad social no puedan ser gravados sino que expresa la convicción del constituyente de que la seguridad social debe abarcar muchos otros beneficios diferentes a la jubilación amparando a los habitantes de la Nación de contingencias diversas.

Asimismo, indicó que la posibilidad de gravar las jubilaciones y pensiones está positivamente presupuesta por firmes doctrinas desarrolladas por la Corte y mantenidas hasta la actualidad. Ello es así por cuanto la Corte Suprema ha decidido reiteradamente que las reducciones en los montos de las jubilaciones están constitucionalmente justificadas cuando: (i) fueran impuestas por ley; (ii) respondieran al interés público; y (iii) no fueran confiscatorias ni padecieran de una arbitraria desproporcionalidad.

En el caso, el impuesto a las ganancias responde a motivos de interés general y a las exigencias de la justicia distributiva ya que los recursos que mediante este impuesto se obtienen son destinados, por imperativo constitucional, a la promoción del bienestar general. Además, la actora no ofreció la prueba concluyente requerida por la Corte a los fines de demostrar la confiscatoriedad o irrazonabilidad del tributo. En efecto, la actora sólo ofreció prueba relativa al pago de un servicio de telefonía, cuyo costo representaba el 0,68% del haber jubilatorio percibido en el mes de mayo de 2015 cuyo monto fue de $81.503,42, época en la cual el haber medio de jubilaciones y pensiones del país era de $5.179.

Por lo tanto, el haber de la actora era más de 15 veces superior al haber medio de nuestro país, lo que muestra elocuentemente que se encuentra en una mejor situación que la mayoría de los integrantes del colectivo de jubilados y pensionados. En relación con la invocación de problemas de salud, la actora no aportó prueba alguna de cuáles serían los gastos normales asociados a los problemas de salud ni indicó qué problema de salud específico la afectaría. De hecho, entendió que no hacía falta hacerlo pues ella misma consideró que la cuestión era de puro derecho, lo que así fue declarado por el juez interviniente.

Por último, para Rosenkrantz tampoco existe una prohibición constitucional de gravar las jubilaciones y pensiones en los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por Argentina ni en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, no cabe inferir de las normas contenidas en los tratados internacionales una restricción a la facultad constitucional expresa del Congreso de gravar ciertas manifestaciones de riqueza. Más aun, la facultad de gravar manifestaciones de riqueza, como puede ser el haber jubilatorio de quienes perciben las jubilaciones más altas del sistema y no han probado el carácter confiscatorio o irrazonable del impuesto a las ganancias, es necesaria, como los impuestos en general, justamente para adoptar medidas que desarrollen los derechos sociales enunciados de modo general en los tratados internacionales de derechos humanos.

Adicionalmente, Rosenkrantz consideró que el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional tampoco constituye fundamento suficiente para la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias que establecen que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto. El artículo 75 inciso 23 de la Constitución dispone que corresponde al Congreso dictar medidas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, “en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

Para Rosenkrantz, la mención en el texto constitucional de ciertas categorías de personas o la vulnerabilidad con la que a ellas comúnmente se asocia no exime a dichas personas, por esa sola circunstancia, de la obligación de pagar los tributos que el Congreso establezca para afrontar los gastos del Estado. Si ello fuera cierto, “debería admitirse una conclusión que parece inaceptable, por ejemplo, que las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, deberían estar eximidas de pagar cualquier tributo o deberían pagar un porcentaje menor que los hombres”.

Para concluir, Rosenkrantz sostuvo que “el mero hecho de que consideremos que el Estado no ha hecho por los jubilados lo que cada uno de nosotros desearía no puede convertirse en un argumento para fulminar con la inconstitucionalidad un régimen que necesariamente depende de valoraciones, hechos, estrategias y criterios de oportunidad cuya articulación corresponde primariamente al Congreso de la Nación”. A ello agregó que el Poder Judicial “no tiene facultades para invalidar los gravámenes en razón de su injusticia o inconveniencia, del exceso de su monto o de las formas de percepción, mientras de ellos no resulte una violación de las disposiciones constitucionales” (Fallos: 181:264; 188:464; entre otros) y que tampoco se encuentra facultado para establecer categorías tributarias o distinciones no previstas en las leyes sometidas a su consideración.

Fuente: cij.gov.ar

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Es inconstitucional el cobro de impuesto a las Ganancias a jubilados
Fuente: PRIMERA EDICION

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La cosecha agrícola alcanzó un récord de producción de 141.500.000 toneladas

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Surge de un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. La mayor producción fue de granos gruesos, con 115 millones de toneladas. Las estimaciones para la nueva campaña

Luego de la fuerte sequía que afectó al campo el año pasado, el Departamento de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario informó que la cosecha de la campaña agrícola 2018/19 alcanzó una producción total récord de 141,5 millones de toneladas, con un máximo productivo en granos gruesos de 115 millones de toneladas. La de cultivos de fina alcanzó un total de producción de 25 millones de toneladas. Todo esto de la mano de muy buenos rendimientos y en algunos casos con máximos históricos en maní, soja, maíz, trigo y cebada.

Recordemos que para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la cosecha fue de 147 millones de toneladas. Hay que aclarar que en la proyección oficial aparece el maíz con destino a forraje además del comercial.

Los economistas Emilce Terré y Federico Di Yenno destacaron que pese a las complicaciones del ciclo anterior por las adversas condiciones climáticas donde se alcanzó una cosecha entre todos los cultivos de 97.800.000 toneladas, que derivó en una compleja situación económica y financiera, «los productores redoblaron el esfuerzo no sólo aumentando la superficie productiva del país sino también invirtiendo en tecnología de punta, lo cual incluye las semillas, y mejores prácticas agrícolas, apuntalando los rendimientos».

En el ciclo agrícola que finalizó, el clima resultó favorable para el desarrollo de los cultivos ayudando al incremento en los rendimientos de prácticamente todos los cultivos. «En ello fue relevante el aumento de la temperatura en la franja central del pacífico ecuatorial que indicó el desarrollo del fenómeno climático de ´El Niño´, estando correlacionado con mejores condiciones climáticas para los cultivos de verano en la Argentina», manifestaron los economistas.

El informe de la bolsa rosarina también resalta la expansión que ha tenido en los últimos 30 años la superficie sembrada destinada a cultivos de granos gruesos, finos e industriales, y se proyecta en el caso de mantenerse un escenario climático favorable, para la campaña agrícola 2019/2020 un área sembrada de 37.500.000 hectáreas, y asumiendo rendimientos tendenciales, la producción total llegaría a 135.600.000 hectáreas.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) celebró el pasado jueves su 135° Aniversario con un acto del que participaron más de 600 asistentes, entre autoridades de gobierno, referentes de instituciones del sector agropecuario, financiero e industrial, directivos y socios de la entidad. La ceremonia estuvo encabezada por el Gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, la intendenta de Rosario, Mónica Fein y el presidente de la BCR, Alberto Padoán.

Padoán , en su último discurco como titular de la entidad, destacó «la capacidad de reinventarse que tuvo la institución», y mencionó la importancia que representa para el mercado de capitales nacional la reciente función de Matba Rofex. Andrés Ponte, flamante presidente del unificado mercado de futuros, comentó: «Construir un mercado de capitales sólido y escalable, que sea la base de desarrollo para cualquier gobierno, es la forma que tenemos de aportar nuestro granito de arena para construir un país mejor, un país grande, integrado al mundo y que nuestros precios sean referencia mundial».

En lo referente a la cadena agroindustrial, el titular de la BCR subrayó la acción realizada días atrás, junto a todas las Bolsas de Cereales y de Comercio que actúan en el mercado de granos, donde se consensuaron los «Lineamientos para una política agroindustrial» que se presentará a los principales partidos y candidatos de cara a las elecciones de octubre próximo.

INFOBAE.-

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AFIP: comienza nuevo Plan de Pagos de deudas y suspenden embargos a Pymes por 90 días

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El organismo tributario implementó un nuevo plan de pagos para deudas vencidas hasta el 15 de este mes de agosto y con una tasa máxima del 2,5% mensual para las micro, pequeñas y medianas empresas, monotributistas y autónomos. El plan ofrece hasta 120 cuotas y además, se bonificará el pago del componente impositivo del Monotributo en septiembre.

La Administración Federal de Ingresos Públicos informó que los contribuyentes podrán ingresar en esta iniciativa entre el 2 de septiembre y el 31 de octubre de este año. El primer pago del nuevo plan se hará en diciembre próximo, según la resolución general 4557 que se publicó hoy en el Boletín Oficial.

Para este amplio universo de contribuyentes, se contempla un máximo de hasta 120 cuotas sin ningún pago a cuenta y, además, la suspensión por 90 días corridos de la traba de medidas cautelares También, podrán disponer libremente de las sumas previamente embargadas.

Hasta ahora, el plan de deudas vencidas tenía un tope de 60 cuotas y permitía incluir las obligaciones exigibles hasta abril último. En este sentido, cabe destacar que a partir del 17 de septiembre se podrán refinanciar las deudas incluidas en el plan anterior. El nuevo plan permite regularizar las obligaciones impositivas y previsionales.

En tanto, las obligaciones anuales (Ganancias y Bienes Personales) se podrán financiar a través del Miniplan, que se reabrirá entre el 2 de septiembre y el 31 de octubre.

Por otra parte, la AFIP categorizará como Pymes a los contribuyentes que no se hayan registrado previamente como tales a los fines de incluirlos entre los beneficiarios de estas medidas, en base a parámetros objetivos y análogos a los del Ministerio de Producción.

Bonificación del Monotributo

Además, en la resolución general 4556, se dispuso bonificar el pago del componente impositivo de la cuota del Monotributo del mes próximo.

El beneficio, previsto en el artículo 3° del decreto N° 561 del 14 de agosto de 2019, alcanza a los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes que hubieran cumplido con las obligaciones de pago mensual correspondientes a los períodos enero-agosto de 2019 (hasta el día 21 de agosto inclusive), o hubieran regularizado esas cuotas en los planes de facilidades de pago vigentes.

CHACO DIA POR DIA.-

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Lacunza se prepara para asumir como ministro de Hacienda: cómo será su agenda en las próximas horas y qué economía encontrará

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El flamante funcionario mantuvo ayer reuniones con colaboradores y con el ex ministro Nicolás Dujovne y Guido Sandleris, titular de BCRA, en su casa en Tigre. Hoy será recibido por el presidente Mauricio Macri en su quinta «Los Abrojos», en Los Polvorines

Fuentes cercanas al ministro designado afirmaron que no hay por el momento otras reuniones previstas, aunque en las últimas horas se especulaba con que pudiera haber un encuentro de gabinete. Lo cierto es que Lacunza asumirá al frente del Palacio de Hacienda el martes, en medio de un contexto económico de alta inestabilidad producto del resultado electoral  y con una agenda que tras las PASO cambió, en vistas de revertir el escenario en octubre.

 Dialogar con los funcionarios del FMI deberá ser una de las primeras misiones de Lacunza cuando aterrice en las oficinas de Yrigoyen 250

Durante toda la semana pasada, el Gobierno tomó varias medidas tendientes a aliviar el bolsillo de la sociedad, luego de que el dólar saltara 30% en un día y rápidamente las empresas comenzaran a trasladar la devaluación a los precios. Un episodio similar al sucedido el año pasado, cuando los salarios reales perdieron 12 puntos porcentuales y el consumo se desplomó. De hecho, los economistas ya están proyectando que el proceso de reactivación tibio que había arrancado quedará abortado y que el PBI caerá más de lo previsto, con una inflación que ya se proyecta en un mínimo de 50% y un dólar a $70.

Este barco deberá timonear Lacunza, con el condimento adicional de que existe un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que cumplir y cuyas metas están al borde del incumplimiento. Este fue uno de los temas que conversó el flamante ministro con el saliente Nicolás Dujovne y con el titular del Banco Central, Guido Sandleris, con quienes se reunió ayer entre el mediodía y la media tarde en Tigre.

«En un domingo de trabajo, Hernán Lacunza recibió al presidente del Banco Central, Guido Sandleris. El encuentro se realizó en la casa del ministro, donde Lacunza reunió a su equipo para preparar las primeras acciones de cara a su asunción», dejaron trascender las fuentes cercanas al ex ministro de Economía bonaerense. Sobre el encuentro con Dujovne, señalaron que «se reunieron para coordinar la transición».

Por la mañana, el designado funcionario había mantenido un encuentro con sus colaboradores más cercanos: Milagros Gismondi, subsecretaria de Hacienda de la provincia; Pedro Rabasa, subsecretario de Finanzas bonaerense; Sebastián Katz, ex subsecretario de Finanzas de la provincia y actual funcionario del Banco Central; y Damián Bonari, quien asumió en su reemplazo como ministro Economía de Vidal.

Por ahora, no se está trabajando en medidas concretas, sino obteniendo información y conociendo y organizando el equipo. Hasta las últimas horas, no había información de cambios de nombres en el Palacio de Hacienda, pero Lacunza sí se comunicó telefónicamente con algunos de los secretarios para conocer el estado de situación de la gestión. Resta saber si el ministro le pedirá a Santiago Bausili (Finanzas); Miguel Braun (Política Económica), Rodrigo Pena (Hacienda), o si los mantendrá y reforzará el equipo con asesores propios.

Dialogar con los funcionarios del FMI deberá ser una de las primeras misiones de Lacunza cuando aterrice en las oficinas de Yrigoyen 250. Los técnicos del organismo tenían previsto llegar al país esta semana, pero la renuncia de Dujovne y la llegada del ministro bonaerense en su lugar postergaron el viaje. «Todavía no hay fecha», dijeron en Economía, en línea con lo que habían sugerido a Infobae fuentes del organismo el viernes.

Pero se espera que pronto fijen una fecha y lleguen los enviados del organismo para revisar cómo cerraron las cuentas fiscales del segundo trimestre. No habrá problemas con esa meta. El Gobierno ya había anunciado el 12 de julio que la meta fiscal del primer semestre estaba sobrecumplida. De los $20.000 millones que tenían que conseguir, el fisco logró un superávit primario de $30.221 millones. Por lo tanto, debería estar garantizado el desembolso de USD 5.400 millones previsto para septiembre. 

De todas formas, Lacunza deberá explicarle al Fondo lo que sucedió la semana pasada y cómo cambió el panorama a partir del resultado electoral. El dólar saltó 30%, los bonos se desplomaron y el riesgo país se duplicó en cuestión de horas. El problema ahora es poder cumplir con el programa financiero; y eso será observado por el organismo. Hasta el momento, Hacienda está cumpliéndolo, pero hay riesgos de que no pueda hacerse y que deban buscar alguna salida vía una reestructuración de títulos. También monitorearán las metas monetarias, pero esa será tarea de Sandleris.

INFOBAE.-

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