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Es inconstitucional el cobro de impuesto a las Ganancias a jubilados

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Es inconstitucional el cobro de impuesto a las Ganancias a jubilados

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones y pensiones (artículos 23, inciso c; 79, inciso c; 81 y 90 de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430).

Lo hizo en el caso de María Isabel García, jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, que en el año 2015, cuando contaba con 79 años de edad, promovió contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) una acción con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la deducción del impuesto a las ganancias sobre su beneficio. Afirmó que padecía problemas de salud y que los descuentos en su beneficio oscilaban entre el 29,33% y el 31,94%.

La Cámara Federal de Paraná confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Impuesto a las Ganancias y que había ordenado a la Administración Federal de Ingresos Públicos que cesara en la aplicación del impuesto sobre la jubilación de la señora García y le abonase las sumas que se hubiesen retenido desde la promoción de la acción.

La Corte Suprema, tras recordar el alcance de los principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria, destacó que el presente caso debe resolverse en base a la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la jubilada. Explicó en este punto que la reforma constitucional de 1994 garantizó “la igualdad real de oportunidades y de trato” a favor de los jubilados, como grupo vulnerable (artículo 75 inciso 23). El envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida.

Destacó que la reforma constitucional de 1994 genera el deber del legislador de dar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables –entre ellos los jubilados-, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos. A la luz de este mandato de naturaleza social, el imperativo constitucional debe proyectar en la actuación del Estado una mirada humanista al momento de definir su política fiscal. En consecuencia, el Tribunal destacó que el sistema tributario no puede desentenderse del resto del ordenamiento jurídico y operar como un compartimento estanco, destinado a ser autosuficiente sin considerar los grupos que la Constitución protege de manera especial.

En este marco, explicó que la sola utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados resulta insuficiente porque no toma en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional. La falta de consideración por las autoridades de esta circunstancia coloca a los jubilados en una situación de notoria e injusta desventaja.

Por todo ello, la Corte Suprema resolvió que el texto actual de la ley, redactado en un contexto histórico diferente, resulta insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional.

Concluyó por lo tanto en que no puede retenerse ninguna suma por impuesto a las ganancias a la jubilación de la demandante hasta que el Congreso Nacional dicte una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto, debiendo reintegrarse a la señora García los montos retenidos desde la interposición del reclamo.

En disidencia, Carlos Rosenkrantz resolvió que las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias que establecen que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto son, en principio, constitucionales y que no se demostró la inconstitucionalidad ni irrazonabilidad del pago del impuesto en el caso de la actora.

Para resolver de ese modo, de modo preliminar, Rosenkrantz destacó que en el año 2016 -a los efectos de morigerar la sensible situación de los jubilados y pensionados- el Congreso sancionó la ley 27.346 que introdujo modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias. En dicha ley, el Congreso estableció una deducción especial en virtud de la cual las jubilaciones o pensiones de aquellos beneficiarios del régimen general, con ingresos exclusivamente de naturaleza previsional, son gravadas recién a partir de una suma que, al día de hoy, es de $62.462,22.

Luego, Rosenkrantz indicó que las jubilaciones y pensiones son “renta” tal como ella es definida por la Ley de Impuesto a las Ganancias y que, en tanto tal, se encuentran gravadas por dicho impuesto. En efecto, al regular la cuarta categoría de ganancias, se establece de manera expresa y especial que “constituyen ganancias […] las provenientes: […] (c) de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado sujeto al pago del impuesto” (artículo 79, Ley de Impuesto a las Ganancias, texto actual). Para Rosenkrantz, esta conclusión encuentra sustento, además, en la jurisprudencia de la Corte según la cual el legislador goza de amplia discreción para determinar los hechos imponibles (Fallos 318:676; 329:2152; entre otros). Es el legislador quien pondera los diversos intereses en juego (por ejemplo, la relación existente entre quienes deben contribuir al sostenimiento económico del Estado y quienes son beneficiarios del sistema de la seguridad social; el nivel de ingresos a partir del cual es justo exigir que los beneficiarios del sistema contribuyan a su mantenimiento) y determina, en ejercicio de la potestad constitucional de establecer tributos, qué es lo que gravará.

Adicionalmente, sostuvo que el cobro del impuesto a las ganancias a los jubilados no constituye un supuesto de doble imposición. Ello es así, por cuanto los aportes previsionales no son gravados por el impuesto a las ganancias que tributa quien se encuentra en actividad dado que ellos son deducibles de los ingresos gravados con el impuesto a las ganancias. Asimismo, el impuesto a las ganancias que se paga en actividad y el que se paga por recibir beneficios jubilatorios responde a hechos imponibles distintos que gravan distintas manifestaciones de riqueza.

Para Rosenkrantz, el impuesto a las ganancias no viola el artículo 14 bis según el cual los beneficios de la seguridad social deben tener el carácter “integral e irrenunciable”. Entendió que la “integralidad” de la seguridad social que la Constitución garantiza no implica que los beneficios de la seguridad social no puedan ser gravados sino que expresa la convicción del constituyente de que la seguridad social debe abarcar muchos otros beneficios diferentes a la jubilación amparando a los habitantes de la Nación de contingencias diversas.

Asimismo, indicó que la posibilidad de gravar las jubilaciones y pensiones está positivamente presupuesta por firmes doctrinas desarrolladas por la Corte y mantenidas hasta la actualidad. Ello es así por cuanto la Corte Suprema ha decidido reiteradamente que las reducciones en los montos de las jubilaciones están constitucionalmente justificadas cuando: (i) fueran impuestas por ley; (ii) respondieran al interés público; y (iii) no fueran confiscatorias ni padecieran de una arbitraria desproporcionalidad.

En el caso, el impuesto a las ganancias responde a motivos de interés general y a las exigencias de la justicia distributiva ya que los recursos que mediante este impuesto se obtienen son destinados, por imperativo constitucional, a la promoción del bienestar general. Además, la actora no ofreció la prueba concluyente requerida por la Corte a los fines de demostrar la confiscatoriedad o irrazonabilidad del tributo. En efecto, la actora sólo ofreció prueba relativa al pago de un servicio de telefonía, cuyo costo representaba el 0,68% del haber jubilatorio percibido en el mes de mayo de 2015 cuyo monto fue de $81.503,42, época en la cual el haber medio de jubilaciones y pensiones del país era de $5.179.

Por lo tanto, el haber de la actora era más de 15 veces superior al haber medio de nuestro país, lo que muestra elocuentemente que se encuentra en una mejor situación que la mayoría de los integrantes del colectivo de jubilados y pensionados. En relación con la invocación de problemas de salud, la actora no aportó prueba alguna de cuáles serían los gastos normales asociados a los problemas de salud ni indicó qué problema de salud específico la afectaría. De hecho, entendió que no hacía falta hacerlo pues ella misma consideró que la cuestión era de puro derecho, lo que así fue declarado por el juez interviniente.

Por último, para Rosenkrantz tampoco existe una prohibición constitucional de gravar las jubilaciones y pensiones en los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por Argentina ni en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, no cabe inferir de las normas contenidas en los tratados internacionales una restricción a la facultad constitucional expresa del Congreso de gravar ciertas manifestaciones de riqueza. Más aun, la facultad de gravar manifestaciones de riqueza, como puede ser el haber jubilatorio de quienes perciben las jubilaciones más altas del sistema y no han probado el carácter confiscatorio o irrazonable del impuesto a las ganancias, es necesaria, como los impuestos en general, justamente para adoptar medidas que desarrollen los derechos sociales enunciados de modo general en los tratados internacionales de derechos humanos.

Adicionalmente, Rosenkrantz consideró que el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional tampoco constituye fundamento suficiente para la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias que establecen que las jubilaciones y pensiones se encuentran alcanzadas por dicho impuesto. El artículo 75 inciso 23 de la Constitución dispone que corresponde al Congreso dictar medidas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, “en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

Para Rosenkrantz, la mención en el texto constitucional de ciertas categorías de personas o la vulnerabilidad con la que a ellas comúnmente se asocia no exime a dichas personas, por esa sola circunstancia, de la obligación de pagar los tributos que el Congreso establezca para afrontar los gastos del Estado. Si ello fuera cierto, “debería admitirse una conclusión que parece inaceptable, por ejemplo, que las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, deberían estar eximidas de pagar cualquier tributo o deberían pagar un porcentaje menor que los hombres”.

Para concluir, Rosenkrantz sostuvo que “el mero hecho de que consideremos que el Estado no ha hecho por los jubilados lo que cada uno de nosotros desearía no puede convertirse en un argumento para fulminar con la inconstitucionalidad un régimen que necesariamente depende de valoraciones, hechos, estrategias y criterios de oportunidad cuya articulación corresponde primariamente al Congreso de la Nación”. A ello agregó que el Poder Judicial “no tiene facultades para invalidar los gravámenes en razón de su injusticia o inconveniencia, del exceso de su monto o de las formas de percepción, mientras de ellos no resulte una violación de las disposiciones constitucionales” (Fallos: 181:264; 188:464; entre otros) y que tampoco se encuentra facultado para establecer categorías tributarias o distinciones no previstas en las leyes sometidas a su consideración.

Fuente: cij.gov.ar

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Es inconstitucional el cobro de impuesto a las Ganancias a jubilados
Fuente: PRIMERA EDICION

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José López fue condenado a seis años de prisión por los bolsos con dinero en el convento

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Es la pena máxima para el delito de enriquecimiento ilícito, por el que se lo juzgaba hace un año. Su esposa fue condenada a dos años y medio de prisión en suspenso y la monja Celia Inés Aparicio fue absuelta

El ex secretario de Obras Públicas del gobierno kirchnerista, José López, recibió su primera condena en una causa por corrupción. Fue sentenciado por el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) a seis años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito, en la causa donde se lo investigó por los bolsos con U$S 9 millones que en junio de 2016 buscó esconder en un convento de General Rodríguez.  Los fondos decomisados fueron destinados a dos hospitales pediátricos.

De traje negro, corbata roja y sin retirar su mirada del Tribunal que lo juzgó desde el 11 de junio del año pasado, López escuchó la condena en su contra y se convirtió en el cuarto ex funcionario de Cristina Kirchner en recibir una sentencia por corrupción, junto a Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Julio De Vido. «Desde el juicio contra María Julia Alsogaray que no había una causa de enriquecimiento de esta envergadura», señalaron a Clarín fuentes judiciales.

Los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Michilini encontraron responsable al ex secretario de Obras Públicas de Cristina Kirchner del delito de enriquecimiento ilícito, como autor del mismo, descreyendo de su planteo que sostenía que el dinero que buscó esconder en la madrugada de aquel 14 de junio, no le pertenecía.

La maniobra juzgada, no funcionó en soledad según la Justicia La condena alcanzó como partícipe secundaria del enriquecimiento ilícito a la esposa de López, Amalia Díaz a dos años condicional, por lo que no quedará detenida. Asimismo, se encontró responsables a los empresarios Eduardo Gutiérrez y Andrés Galera como partícipes necesarios de la maniobra, a una pena de dos años y seis meses condicional exigiéndoles que fijen residencia. 

El TOF 1 no encontró pruebas suficientes para culpar a la monja Celia Inés Aparicio y dictaminó su absolución. Asimismo, Marcos Marconi y Marcos Gianni obtuvieron la absolución en el caso.

La imagen de la madrugada del 14 de junio de 2016, mostró a un desesperado José López intentando esconder en un convento de General Rodríguez varios bolsos con casi 9 millones de dólares, 153.000 euros, 59.000 pesos; relojes Rolex y joyas tasadas en $ 452.000 y armas. Ese día se le dictó la prisión preventiva que desde este miércoles se convirtió en su condena por enriquecimiento.

Sobre estos bienes y dinero secuestrados, que llevaron por primera vez al banquillo de los acusados a López, el Tribunal solicitó el decomiso. Se destinaron dichos fondos a un fin social para  y se colocaron a disposición en partes iguales al Hospital de Pediatría Garrahan y el Hospital de Niños Gutiérrez en partes iguales.

También, como parte de la investigación, se ordenó el decomiso de la casa de Dique Luján valuada en U$S 480.000, el ex funcionario K sostenía que alquilaba la propiedad, pero la Justicia sostuvo que buscó esconder la titularidad del inmueble.

El juicio que llegó este miércoles a su instancia final inició en junio de 2018 y contó con más de cien testigos. Durante la lectura de los alegatos, la Oficina Anticorrupción (OA) en su rol de querellante pidió la pena máxima que son los seis años de prisión a los que se condenó a López.

Según la acusación que lo llevó a juicio al ex funcionario K, la instrucción recolectó “prueba suficiente” para “tener por acreditado el enriquecimiento ilícito de López y de su mujer, y en particular la compra del terreno y la construcción de la casa ubicada en Dique Luján, el departamento de la calle Las Heras y la tenencia del dinero hallado en el Monasterio”.

El fiscal  del juicio Miguel Ángel Osorio, había considerado que durante su paso por la función pública, “López aumentó su patrimonio en un monto escandalosamente elevado que de ningún modo puede justificarse (…) lo cual demuestra que detrás de ese dinero espurio se esconden actos de corrupción”. 

Además, la Fiscalía explicó que López contó con la colaboración de Andrés Enrique Galera (lo condenaron a dos años y medio en suspenso), Eduardo Ramón Gutiérrez y Carlos Hugo Gianni (absuelto), quienes actuaron como interpósitas personas, comúnmente denominados “testaferros”, para disimular la incorporación de esos bienes a su haber, y con la colaboración de su esposa –María Amalia Díaz (dos años y medio en suspenso)-, quien “actuó de intermediaria para la compra del departamento y en la dirección de la obra de la casa de dique Luján. También contó con la cooperación de Marcos Artemio Marconi (absuelto) para modificar el estatuto de la empresa Marketing y Eventos y así posibilitar la adquisición de tal departamento”.

El Tribunal convalidó estos planteos y la pena máxima recayó sobre José López.

Fue el fiscal Osorio quien dijo que la monja Celia Inés Aparicio, finalmente absuelta, no tenía «contacto directo con López, sino que ra ella la madre Superiora Alba» y que la noche del hecho «Aparicio sólo actuó cumpliendo órdenes, sin que existiera indicio alguno que tuviera conocimiento del contenido de los bolsos”.

Los tres hechos

López llegó a juicio por tres hechos: «la posesión injustificada en su patrimonio del dinero de los bolsos donde había 9 millones de dólares y 452.600 pesos en joyas», la compra y refacción de una casa en Tigre, que López decía alquilar y la justicia determinó que era de su propiedad y se la valuó en 480.000 dólares.

Finalmente, fue procesado por la compra del departamento de porteña avenida Las Heras 2030. Allí habría utilizado como pantalla a la sociedad “Marketing y Eventos S.A.”. El valor de la propiedad es de 110.000 dólares.


López es actualmente imputado colaborador en la causa de los «cuadernos de las coimas», tras haber declarado en ese sentido ante el fiscal del caso, Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio. En este expediente cuenta con prisión preventiva pero al ingresar al programa de imputados protegidos, se encuentra alojado en un domicilio bajo reserva fuera del penitenciario.

Fuente: Clarín. 

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Macri eligió a Pichetto como candidato a vice: volaron las acciones y los bonos y retrocedió fuerte el riesgo país

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La noticia causó un impacto inmediato en los mercados financieros. El dólar, calmo, retrocedió 0,4%. Las acciones en Wall Street subieron hastsa 17%. 

La confirmación oficial de que el senador del PJ Miguel Pichetto acompañará en la boleta presidencial a Mauricio Macri disparó una fuerte alza en los precios de los bonos y las acciones y un sensible retroceso del riesgo país. Este indicador, el más mirado en estas semanas por el mercado, cedió a866 puntos, 7% debajo del cierre de ayer.

El índice EMBI se había ubicado arriba de los 1.000 puntos el 3 de junio, es decir apenas una semana atrás. Las acciones argentinas en Wall Street se dispararon hasta 17% en el caso del Banco Supervielle, y en promedio arriba del 8%. La bolsa local subió 3,9% según el índice líder y el dólar volvió a retroceder, levemente, hasta $ 44,70.

Las primeras palabras de Pichetto tras la noticia no podía haber caído mejor entre los inversores. “La Argentina tiene que tener una visión capitalista y eso no se puede poner en discusión” señaló. Y subrayó que el país tenía que apostar muy fuerte a los desarrollos mineros, a Vaca Muerte y a los emprendedores tecnológicos.

El efecto Pichetto es leído por el mercado como una fuerte apuesta del Gobierno a captar el voto peronista no kirchnerista que hasta hoy está en disputa con el espacio Alternativa Federal.

Pichetto, por su parte, ya dijo públicamente que está a favor de las reformas que el mercado está reclamando: laboral, impositiva y sobre todo previsional. Sobre este punto, Pichetto reconoció que hay que darle la sustentabilidad que hoy a su juicio no tiene.

Sobre la suba del mercado, Pichetto dijo que «el mercado lee la política, percibe los mensajes, y los mercados y los fondos de inversión y los bonos subieron más de 3%, lo cual indica que la decisión presidencial ha sido asimilada de manera correcta, esperemos que sea así, y esperemos que el riesgo país baje mucho más».

CLARIN.-

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Alberto Fernández está internado en observación en el Sanatorio Otamendi

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Permanecerá en ese nosocomio al menos 48 horas

Alberto Fernández fue internado este lunes por la noche en el Sanatorio Otamendi, donde permanecerá en observación al menos 48 horas.

El candidato presidencial de Unidad Ciudadana concurrió por sus propios medios a ese nosocomio porteño debido a una fuerte tos que lo preocupó, según él mismo explicó en declaraciones televisivas. En principio había trascendido que se trataba de una erupción dolorosa con ampollas o herpes.

«No quiero generar especulaciones con mi salud, por eso prefiero hablar y que no haya un informe escrito, para evitar especulaciones y que todos estemos tranquilos. El jueves seguro estaré a full en la campaña», explicó Fernández en diálogo con C5N.

Consultado sobre posibles antecedentes de esa dolencia, el ex jefe de Gabinete explicó: «Hace muchos años tuve un problema con un coágulo en el pulmón y como ahora era una tos muy persistente, decidí hacer eso. Gracias a Dios no fumo».

Este mediodía, Fernández almorzó en su departamento con Felipe Solá -comieron ensalada de atún, lechuga y huevo- para planificar los próximos pasos de la campaña, sobre todo en territorio bonaerense.


Al respecto, el aspirante a la presidencia tenía previsto encabezar mañana actividades políticas en Escobar y Garín, pero tuvieron que ser suspendidas por su problema de salud.

Otra actividad que estaba en los planes del ex jefe de Gabinete kirchnerista para este martes era la presentación del  libro de Mariano Recalde, acto que serviría al ex presidente de Aerolíneas Argentinas para lanzar su candidatura a jefe de Gobierno porteño.

Durante el fin de semana, Fernández realizó varias entrevistas, en las que insistió en convocar a Sergio Massa a sumarse a un gran frente opositor que permita derrotar a Cambiemos en las próximas elecciones.

«Massa está en la misma situación que todos aquellos que hasta acá no han llegado al frente que queremos construir: está invitado, queremos que participe, que se sume, creemos que es importante, pero la decisión está en él», sostuvo el postulante a la presidencia sobre el líder del Frente Renovador.

Previamente, el viernes pasado, Fernández viajó a Uruguay para reunirse con el ex presidente José «Pepe» Mujica. El ex jefe de Gabinete estuvo acompañado por el dirigente Santiago Cafiero, los diputados nacionales Felipe Solá y Eduardo «Wado» De Pedro, referente de La Cámpora, y por el dirigente del Movimiento Evita Fernando «Chino» Navarro, además del presidente del PJ porteño, Víctor Santamaría, y el legislador del Parlasur Eduardo Valdes.

INFOBAE./

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