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Extinción de dominio: cálculos de cientos de miles de millones

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Extinción de dominio: cálculos de cientos de miles de millones

El decreto de Mauricio Macri sobre extinción de dominio tiene doble condición: está vigente desde su publicación y tiene fuerza de ley, pero al mismo tiempo, envuelto en la polémica sobre su constitucionalidad, está pendiente aún de la ratificación de validez que debe darle el Congreso: el gobierno espera conseguirla sin grandes problemas en febrero y descarta por ahora el tratamiento de un proyecto nuevo en acuerdo con la oposición. Mientras tanto, en el Ejecutivo ya empiezan a sacar cuentas: el Estado podría recuperar, aseguran en el ministerio de Justicia y en el de Seguridad, entre 100 y 500 mil millones de pesos de la corrupción y del crimen organizado. Se trata de cálculos iniciales, provisorios, en base a las causas en las que interviene hoy la Oficina Anticorrupción y casos que sigue el ministerio de Seguridad, pero que en cualquier caso plantean cifras enormes.

La cifra más conservadora la dio el ministro de Justicia, Germán Garavano. Confirmó que en los últimos tres años el ministerio de Seguridad decomisó 23 mil millones de pesos en bienes del narcotráfico y crimen organizado. Se trata de casi 600 millones de dólares: ese monto, dice a Río Negro el subsecretario de lucha contra narcotráfico de ese ministerio, Martín Verrier, equivale a lo que mueve todo el narcotráfico en Argentina durante un año. Buena parte de esos bienes incautados es droga, de modo que el Estado no podría recuperar todo ese dinero. Pero según cuentan en el ministerio, sólo en vehículos ya podría utilizarse la extinción de dominio para recuperar rápidamente 2000 mil millones de pesos.

El ministro Garavano también aseguró que hay embargos que superarían los 100 mil millones de pesos. Sus voceros calculan, no obstante, otras cifras. En base a las causas que interviene la Oficina Anticorrupción, en Justicia aseguran que hay por lo menos 245 mil millones de pesos embargados sólo en causas de corrupción.

“Podría ser mucho más. En dos meses vamos a estar realizando una lista detallada y actualizada de todas las causas y de los bienes posibles de ser embargados”, afirma un hombre cercano a Garavano. Algunos cálculos más extremos en el ministerio sugieren que, sumado a lo que vendría de Seguridad por crimen organizado, se podría hablar eventualmente 500 mil millones. Por ahora, cálculos provisorios. Todos ponen como ejemplo el caso de Lázaro Báez a quien podrían retirarle bienes por 3000 millones de pesos.

En Justicia esperan que la nueva procuración de extinción de dominio que establece el DNU empiece a existir dentro de los próximos dos meses y que esté en funcionamiento pleno para mitad de año. Y calculan un año más tarde estaría dando sus primeros frutos.

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Pero, a pesar de que ya está vigente, el decreto tiene obstáculos que superar. La oposición, sobre todo el massismo, insiste con que promoverá la sanción de la leyde extinción de dominio votada hace casi tres años en Diputados, pero muy ablandada luego en el Senado.

Fuera de algunas frases de ocasión como la del ministro de Interior, Rogelio Frigerio, que aseguraron que si había “consenso” el oficialismo estaba dispuesto a volver a discutir la ley, las intenciones del gobierno son por ahora otras. Según afirman en presidencia, sólo se buscará en febrero la ratificación del DNU de Macri: “No vamos a volver al baile de Diputados y del Senado. En cualquier caso, con ‘si hay consenso’ nos referimos a si se acepta seguir los lineamientos de la norma presentada en el DNU. La norma blanda del Senado no tienen sentido”.

Creen, en Nación, que la jugada del DNU pegó muy bien en la opinión pública: “Si el PJ busca dar marcha atrás queda muy expuesto”, concluyen.

P- ¿Por qué el decreto es constitucional o inconstitucional?

R- Es inconstitucional porque viola los requisitos de habilitación que establece la Constitución en el artículo 99: el presidente tiene vedada, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente puede dictarse un DNU cuando situaciones excepcionales impidan el proceso normal de sanción de leyes. Y en este caso no se cumple ningún requisito.

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P- ¿La ley del 2006 que regula la intervención del Congreso ante los decretos, no los blinda?

R- No es que lo blinde, le otorga una situación de preferencia formal a los decretos por encima de las leyes. Es inconstitucional también esa ley, porque basta con que sólo una de las dos cámaras del Congreso lo avale para que el decreto sea válido y sea considerado ley, mientas que una ley requiere la aprobación de las dos cámaras.

P- El gobierno defiende que sólo abarca aspectos civiles, de modo que está dentro de sus facultades.

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R- No, el DNU se ancla en un proceso penal, regula de forma indirecta materia penal. Tanto Diputados como el Senado, cuando el proyecto se trató, pasó por la comisión de Asuntos Penales, por cual no hay dudas de que esto estaría regulando materia penal.

P- ¿Puede la justicia civil adelantarse a una condena penal?

R- No debería adelantarse a una condena penal, la acción sólo debería poder proceder frente a una condena penal. El problema además es que el decreto establece que si después se comprueba que la persona es inocente y es absuelta, el Estado devuelve el bien o su equivalente en dinero. Pero no se prevé ninguna acción de indemnización por daños y perjuicios.

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P- ¿Qué puede decirse sobre la retroactividad y la inversión de la carga de la prueba?

R- Primero que, conforme al texto mismo del decreto, la acción no es retroactiva. Porque el Código Civil establece claramente en el artículo 7 que las leyes no son retroactivas salvo que expresamente se deje constancia de lo contrario, y no es el caso. Segundo, para avalar la inversión de la carga de la prueba tendría que existir otro derecho o principio, mucho más poderoso, que justifique que siempre el principio de presunción de inocencia caiga derrotado. El recupero civil de bienes obtenidos con delitos no es suficiente.

P- ¿Por qué el decreto es constitucional o inconstitucional?

R- Es constitucional porque la Constitución establece que el presidente puede, excepcionalmente, dictar un decreto cuando circunstancias impiden el funcionamiento normal para la sanción de leyes. La lucha contra la corrupción requiere celeridad, los bienes obtenidos por la corrupción o el narcotráfico se esfuman rápido. Eso urge, frente a un Congreso que en tres años no logró la sanción de un proyecto. Y el segundo punto que avala el decreto es que la Argentina es signataria de dos convenciones sobre corrupción, la de la ONU y la Interamericana. Eso la obliga a tomar medidas en contra este tipo de delitos. Si no lo hace, está incumpliendo. Este decreto no sólo cumple con las convenciones sino que es la forma de cumplir con ellas.

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P- ¿Qué puntos negativo ve?

R- Que me hubiera gustado que se hiciera a través de una ley. El mal funcionan las instituciones obliga a llegar a este extremo, pero una ley le daría más fortaleza.

P- Ya sea por ley o si el DNU es avalado en el Congreso, ¿la norma no corre igual riesgo de ser declarada inconstitucional por la Justicia?

R- Bueno, si el DNU es ratificado por el Congreso ya es válido. Después sí puede haber un control del tipo judicial, que es otra cosa: eso lo tiene que plantear una persona en un caso concreto que le produzca un perjuicio. Estamos hablando de años, nada inmediato. La Corte en general no se ha pronunciado sobre decretos y cuando lo hizo, lo hizo respecto a un gobierno anterior, no al del momento.

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P- ¿El decreto no está regulando materia penal?

R- No. Frente a una decisión del juez penal, que presume que un bien de una persona procesada en delitos de corrupción se obtuvo ilegalmente, dicta una medida cautelar. Ahí se inicia el proceso civil. El decreto trata justamente de ese proceso civil, no lo penal.

P- Se adelanta a la justicia penal.

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R- Sí, y esa es la idea, y está bien. Si las sentencias penales acá tienen un promedio de 14 o 15 años relativas a corrupción. Se quiere imponer un fantasma: quien es acusado en el proceso civil tiene todas las facultades para defenderse, no se trata de un juicio sumario. Si uno tiene pruebas de que es un bien que obtuvo legítimamente no va a tener problemas. Los bienes que yo tengo no tengo ninguna dificultad para demostrar cómo los pague. Muchos se quieren proteger con este fantasma.

P- ¿Por qué es legítima la inversión de la carga de prueba y la retroactividad?

R- Ya en el enriquecimiento ilícito aparece esta inversión de la carga de la prueba. No es novedad. Lo que se habla de retroactividad es del fruto del delito, no del delito. Quien delinquió se hizo de un bien. Y recién se llegó a terminar penalmente con el tema penal muchos años después, hasta 20 años. Acá no se refiere a los delitos, se refiere a los bienes que fueron obtenidos a través de delitos. Jurídicamente es legitima la aplicación. En otros países como Perú y Colombia, donde se legisló es así. Hay antecedentes internacionales y ha sido muy eficaz.

Fuente: rionergo argentina

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“Expo UNNE”, dos días para conocer las carreras y los beneficios para estudiantes en la Universidad del Sol

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Habrá información sobre la oferta académica completa de las facultades e instituto de la Universidad Nacional del Nordeste; las becas, beneficios, servicios de salud, teatro, coro universitario e idiomas. Las jornadas son de acceso libre y gratuito.
Como cada año, la Universidad Nacional del Nordeste abre un espacio para que estudiantes de escuelas secundarias y personas que deseen seguir sus estudios universitarios, conozcan la oferta educativa, las posibilidades y la vida universitaria en esta institución de educación superior regional. Así, desde el Departamento de Orientación Vocacional (OVO) de la UNNE se organiza la “Expo Unne”, que se realizará el 7 de junio próximo en Resistencia y el 28 en Corrientes.
“Este 7 y 28 de junio, te esperamos en la UNNE para conocer nuestra oferta académica completa, conversar con profesionales y estudiantes de nuestra universidad e informarte sobre todos los servicios y beneficios que ofrecemos”, dicen desde OVO e invitan a estas jornadas que serán de ingreso libre y gratuito.
Quienes asistan, encontrarán allí 12 stands de las facultades de la UNNE y sus respectivas ofertas académicas, 7 conversatorios sobre la vida universitaria, extensionista y de investigación, donde podrán informarse e intercambiar con estudiantes y profesionales; talleres y cursos de los centros culturales, información del Dpto. de Idiomas de la UNNE, servicios sociales y beneficios para los estudiantes de la Universidad del Sol. Quienes asistan podrán dialogar con estudiantes, graduados y docentes.
“Podrás vivir la experiencia universitaria en primera persona”, aseguran desde el equipo de OVO que por estos días ajustan detalles de la expo.
Las jornadas tendrán lugar este martes 7 de junio en el Campus Resistencia, ubicado en Av. Las Heras 727; y el 28/06 en el Campus “Sgto. Cabral”, en Juan Bautista Cabral 2001, de Corrientes. Se desarrollarán de 9 a 12:30, y de 14 a 19 horas.
Los conversatorios
En forma paralela a la presentación de las facultades en cada uno de sus stands, se habilitarán siete conversatorios sobre la vida universitaria, extensionista y de investigación. Durarán alrededor de 45 minutos cada y se realizarán ambos días.
El primero comenzará a las 9.15, y tratará sobre “La importancia del estudio de idioma extranjero en la formación académica. Experiencias de estudiantes, graduados y docentes intercambistas”.
Para las 10.15 está previsto el segundo sobre “Las mujeres en la ciencia y su orientación a la investigación”.
Desde las 11.15 se escucharán relatos de extensionistas vinculados al cuidado de la salud y el medio ambiente; y para las 14.30 están previstos los conversatorios sobre “Arte y Diseño en la Universidad”.
“La vida estudiantil y su participación en la política”, es el título de los conversatorios previstos para las 15.30 de las dos jornadas.
A las 16.30 se abrirá el relativo al “Emprendedurismo en las diferentes carreras de la UNNE”.
Desde las 17.30 se compartirán experiencias del Programa Pueblos Indígenas (PPI), de estudiantes y graduados.
Y a las 18.15 están previstos cierres artísticos junto al Centro Cultural Nordeste (CCN) de la UNNE.
Los conversatorios se realizarán el 7 de junio en el Aula Magna del Campus Resistencia, y el 28 en el Salón “G” de la Facultad de Medicina, en el Campus Sgto. Cabral de la UNNE en Corrientes.
Fuente: Medios UNNE

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Reglamentan Ley de reparación histórica para la agricultura familiar

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El gobierno nacional aprobó hoy la reglamentación de la Ley N° 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que busca impulsar y valorizar la producción de estos pequeños productores; teniendo como ejes la creación de un banco de tierras para facilitar su acceso, y un centro de producción y distribución de semillas. La normativa había sido sancionada el 17 de diciembre de 2014 y promulgada al mes siguiente, pero desde entonces no había sido reglamentada. Finalmente, luego de ser anunciada su reglamentación por el presidente Alberto Fernández en junio del año pasado, hoy fue aprobada a través del Decreto 292/2023, estableciéndole como respaldo «el monto que el presupuesto vigente especifico pueda financiar» y, desde el año próximo, lo que prevea la Ley de Presupuesto de cada año. La reglamentación de hoy, no obstante, es aún parcial, pues de sus 36 artículos únicamente se efectivizaron nueve y otros cuatro de forma incompleta. Con esta ley se verán beneficiados los pequeños productores familiares que realizan no solamente actividades de agricultura, sino también ganadería, plantación de árboles o pesca. Entre otros objetivos, la ley busca impulsar el desarrollo de los trabajadores del campo, atender a las regiones con mayor atraso productivo, impulsar y valorizar la producción y reconocer las prácticas de vida y de producción de las comunidades originarias Del mismo modo, tiene como eje asegurar que haya alimentos saludables y con precio justo para los consumidores reduciendo la intermediación, fortalecer la organización de los productores familiares en asociaciones y cooperativas, garantizar el acceso a los recursos naturales, y vender sus productos en mercados más amplios. A tal efecto crea el Renaf (Registro Nacional De la Agricultura Familiar) que permite a los agricultores familiares acceder a políticas que se desarrollen en su beneficios, según sus condiciones y necesidades. Entre los programas previstos, se señalan incentivos para el aumento de la producción y la comercialización, el desarrollo tecnológico, educación y formación y, la mejora del transporte y comunicación; además de beneficios impositivos, un régimen especial de jubilación, y líneas de crédito especificas con tasas de interés más bajas por parte del Banco Nación. La ley también prevé garantizar el acceso y el funcionamiento de servicios social como educación, deportes, salud, cultura, discapacidad y promoción social; y contempla además instrumentos vinculados con la sanidad agropecuaria. También estipula la creación un banco de tierras, que permite la entrega de tierras del Estado para los agricultores registrados en el Renaf que las pidan, a través de su venta, arrendamiento o donación. En ese marco, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) informará periódicamente sobre aquellos inmuebles rurales que, por sus características, sean aptos para su inclusión en el banco, en el cual tendrán prioridad las mujeres y personas con género diverso. El Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Infaci), creado el año pasado, será la autoridad de aplicación de la ley que, en los próximos 60 días, deberá elevar un proyecto de reglamento de funcionamiento que tendrá que contemplar no menos de tres reuniones anuales para relevar el grado de avance de las políticas públicas de la materia. Además, tendrá 90 días para diseñar y presentar programas específicos para la producción y comercialización del sector; y deberá poner en funcionamiento el Centro de Producción de Semillas Nativas (Ceprosena), que tendrá como objetivo registrar, producir y abastecer de semillas nativas a todo el país, y que permitirá desmonopolizar el insumo. La reglamentación de la ley fue reclamada por los sectores campesinos, representados en organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Fuente: Télam

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Elecciones: El Gobierno nacional definió un viático total de 40 mil pesos para las autoridades de mesa

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El Ministerio del Interior fijó en 40 mil pesos la suma que cobrarán en concepto de viáticos los ciudadanos y ciudadanas que sean autoridades de mesa durante los próximos comicios generales, para aquellas personas que participen en los tres turnos electorales de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), las elecciones generales y una eventual segunda vuelta.
Según se informó a través de un comunicado difundido por la cartera de Interior, la medida, que será publicada mañana en el Boletín Oficial, implica una suma fijada por ese Ministerio a cargo de Eduardo ‘Wado’ de Pedro.
Según la resolución, el pago se desglosa de la siguiente manera: los ciudadanos y ciudadanas que se desempeñen como autoridades de mesa recibirán 7.000 por elección, en concepto de viático, por su labor durante las PASO, las elecciones nacionales y una eventual segunda vuelta, a esa suma deberán sumarse otros 3.000 pesos por haber participado efectivamente de las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Electoral.
En forma previa a todas las instancias electorales, se otorgará un importe adicional de 10 mil pesos, también en caso de haber cumplido funciones durante las PASO, las elecciones nacionales y una eventual segunda vuelta. Si no se celebrara una segunda vuelta, entonces este último importe adicional será de 7.000 pesos.
Asimismo, la normativa establece que aquellos y aquellas que hayan sido designados por la Justicia Nacional Electoral como delegados y delegadas en los locales de votación, y que cumplan efectivamente esa función en todas las instancias electorales, recibirán una suma de 11.500 pesos por elección en concepto de viáticos; más 3.500 pesos por la tarea de remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por la Cámara Nacional Electoral.
De participar en las PASO, las nacionales y una eventual segunda vuelta, cada delegado recibiría un total de 40 mil pesos.
Desde Interior informaron que la resolución indica que este beneficio «sólo podrá ser cobrado por aquellas personas que efectivamente se hayan desempeñado en la función asignada, por lo que, si por alguna razón el o la convocada se ausenta en alguno de los comicios, se le abonará la parte proporcional de la suma que le corresponda».
En este sentido, se resolvió que será la Justicia Nacional Electoral la encargada de verificar el cumplimiento de las funciones establecidas en el Código Electoral Nacional, y de informar al Correo Oficial de la República Argentina el listado de convocados y convocadas con derecho a percibir las compensaciones fijadas en esta resolución, con indicación del número de mesa en la que desempeñaron sus funciones.
A través de esta normativa, se faculta además a la Dirección Nacional Electoral (DINE) a liquidar las sumas fijadas en esta resolución a los ciudadanos y ciudadanas con derecho a percibirlas, las que serán abonadas con posterioridad a cada elección.
Por último, se establece que las personas con derecho a percibir los viáticos deberán concurrir con su DNI al lugar y en la forma que oportunamente se indique.
Pasados los 12 meses de las elecciones nacional o la eventual segunda vuelta, prescribirá el derecho de las autoridades de mesa y delegados a percibir esos viáticos.
Fuente: Télam

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