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Extinción de dominio: cálculos de cientos de miles de millones

Extinción de dominio: cálculos de cientos de miles de millones
El decreto de Mauricio Macri sobre extinción de dominio tiene doble condición: está vigente desde su publicación y tiene fuerza de ley, pero al mismo tiempo, envuelto en la polémica sobre su constitucionalidad, está pendiente aún de la ratificación de validez que debe darle el Congreso: el gobierno espera conseguirla sin grandes problemas en febrero y descarta por ahora el tratamiento de un proyecto nuevo en acuerdo con la oposición. Mientras tanto, en el Ejecutivo ya empiezan a sacar cuentas: el Estado podría recuperar, aseguran en el ministerio de Justicia y en el de Seguridad, entre 100 y 500 mil millones de pesos de la corrupción y del crimen organizado. Se trata de cálculos iniciales, provisorios, en base a las causas en las que interviene hoy la Oficina Anticorrupción y casos que sigue el ministerio de Seguridad, pero que en cualquier caso plantean cifras enormes.
La cifra más conservadora la dio el ministro de Justicia, Germán Garavano. Confirmó que en los últimos tres años el ministerio de Seguridad decomisó 23 mil millones de pesos en bienes del narcotráfico y crimen organizado. Se trata de casi 600 millones de dólares: ese monto, dice a Río Negro el subsecretario de lucha contra narcotráfico de ese ministerio, Martín Verrier, equivale a lo que mueve todo el narcotráfico en Argentina durante un año. Buena parte de esos bienes incautados es droga, de modo que el Estado no podría recuperar todo ese dinero. Pero según cuentan en el ministerio, sólo en vehículos ya podría utilizarse la extinción de dominio para recuperar rápidamente 2000 mil millones de pesos.
El ministro Garavano también aseguró que hay embargos que superarían los 100 mil millones de pesos. Sus voceros calculan, no obstante, otras cifras. En base a las causas que interviene la Oficina Anticorrupción, en Justicia aseguran que hay por lo menos 245 mil millones de pesos embargados sólo en causas de corrupción.
“Podría ser mucho más. En dos meses vamos a estar realizando una lista detallada y actualizada de todas las causas y de los bienes posibles de ser embargados”, afirma un hombre cercano a Garavano. Algunos cálculos más extremos en el ministerio sugieren que, sumado a lo que vendría de Seguridad por crimen organizado, se podría hablar eventualmente 500 mil millones. Por ahora, cálculos provisorios. Todos ponen como ejemplo el caso de Lázaro Báez a quien podrían retirarle bienes por 3000 millones de pesos.
En Justicia esperan que la nueva procuración de extinción de dominio que establece el DNU empiece a existir dentro de los próximos dos meses y que esté en funcionamiento pleno para mitad de año. Y calculan un año más tarde estaría dando sus primeros frutos.
Pero, a pesar de que ya está vigente, el decreto tiene obstáculos que superar. La oposición, sobre todo el massismo, insiste con que promoverá la sanción de la leyde extinción de dominio votada hace casi tres años en Diputados, pero muy ablandada luego en el Senado.
Fuera de algunas frases de ocasión como la del ministro de Interior, Rogelio Frigerio, que aseguraron que si había “consenso” el oficialismo estaba dispuesto a volver a discutir la ley, las intenciones del gobierno son por ahora otras. Según afirman en presidencia, sólo se buscará en febrero la ratificación del DNU de Macri: “No vamos a volver al baile de Diputados y del Senado. En cualquier caso, con ‘si hay consenso’ nos referimos a si se acepta seguir los lineamientos de la norma presentada en el DNU. La norma blanda del Senado no tienen sentido”.
Creen, en Nación, que la jugada del DNU pegó muy bien en la opinión pública: “Si el PJ busca dar marcha atrás queda muy expuesto”, concluyen.
P- ¿Por qué el decreto es constitucional o inconstitucional?
R- Es inconstitucional porque viola los requisitos de habilitación que establece la Constitución en el artículo 99: el presidente tiene vedada, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente puede dictarse un DNU cuando situaciones excepcionales impidan el proceso normal de sanción de leyes. Y en este caso no se cumple ningún requisito.
P- ¿La ley del 2006 que regula la intervención del Congreso ante los decretos, no los blinda?
R- No es que lo blinde, le otorga una situación de preferencia formal a los decretos por encima de las leyes. Es inconstitucional también esa ley, porque basta con que sólo una de las dos cámaras del Congreso lo avale para que el decreto sea válido y sea considerado ley, mientas que una ley requiere la aprobación de las dos cámaras.
P- El gobierno defiende que sólo abarca aspectos civiles, de modo que está dentro de sus facultades.
R- No, el DNU se ancla en un proceso penal, regula de forma indirecta materia penal. Tanto Diputados como el Senado, cuando el proyecto se trató, pasó por la comisión de Asuntos Penales, por cual no hay dudas de que esto estaría regulando materia penal.
P- ¿Puede la justicia civil adelantarse a una condena penal?
R- No debería adelantarse a una condena penal, la acción sólo debería poder proceder frente a una condena penal. El problema además es que el decreto establece que si después se comprueba que la persona es inocente y es absuelta, el Estado devuelve el bien o su equivalente en dinero. Pero no se prevé ninguna acción de indemnización por daños y perjuicios.
P- ¿Qué puede decirse sobre la retroactividad y la inversión de la carga de la prueba?
R- Primero que, conforme al texto mismo del decreto, la acción no es retroactiva. Porque el Código Civil establece claramente en el artículo 7 que las leyes no son retroactivas salvo que expresamente se deje constancia de lo contrario, y no es el caso. Segundo, para avalar la inversión de la carga de la prueba tendría que existir otro derecho o principio, mucho más poderoso, que justifique que siempre el principio de presunción de inocencia caiga derrotado. El recupero civil de bienes obtenidos con delitos no es suficiente.
P- ¿Por qué el decreto es constitucional o inconstitucional?
R- Es constitucional porque la Constitución establece que el presidente puede, excepcionalmente, dictar un decreto cuando circunstancias impiden el funcionamiento normal para la sanción de leyes. La lucha contra la corrupción requiere celeridad, los bienes obtenidos por la corrupción o el narcotráfico se esfuman rápido. Eso urge, frente a un Congreso que en tres años no logró la sanción de un proyecto. Y el segundo punto que avala el decreto es que la Argentina es signataria de dos convenciones sobre corrupción, la de la ONU y la Interamericana. Eso la obliga a tomar medidas en contra este tipo de delitos. Si no lo hace, está incumpliendo. Este decreto no sólo cumple con las convenciones sino que es la forma de cumplir con ellas.
P- ¿Qué puntos negativo ve?
R- Que me hubiera gustado que se hiciera a través de una ley. El mal funcionan las instituciones obliga a llegar a este extremo, pero una ley le daría más fortaleza.
P- Ya sea por ley o si el DNU es avalado en el Congreso, ¿la norma no corre igual riesgo de ser declarada inconstitucional por la Justicia?
R- Bueno, si el DNU es ratificado por el Congreso ya es válido. Después sí puede haber un control del tipo judicial, que es otra cosa: eso lo tiene que plantear una persona en un caso concreto que le produzca un perjuicio. Estamos hablando de años, nada inmediato. La Corte en general no se ha pronunciado sobre decretos y cuando lo hizo, lo hizo respecto a un gobierno anterior, no al del momento.
P- ¿El decreto no está regulando materia penal?
R- No. Frente a una decisión del juez penal, que presume que un bien de una persona procesada en delitos de corrupción se obtuvo ilegalmente, dicta una medida cautelar. Ahí se inicia el proceso civil. El decreto trata justamente de ese proceso civil, no lo penal.
P- Se adelanta a la justicia penal.
R- Sí, y esa es la idea, y está bien. Si las sentencias penales acá tienen un promedio de 14 o 15 años relativas a corrupción. Se quiere imponer un fantasma: quien es acusado en el proceso civil tiene todas las facultades para defenderse, no se trata de un juicio sumario. Si uno tiene pruebas de que es un bien que obtuvo legítimamente no va a tener problemas. Los bienes que yo tengo no tengo ninguna dificultad para demostrar cómo los pague. Muchos se quieren proteger con este fantasma.
P- ¿Por qué es legítima la inversión de la carga de prueba y la retroactividad?
R- Ya en el enriquecimiento ilícito aparece esta inversión de la carga de la prueba. No es novedad. Lo que se habla de retroactividad es del fruto del delito, no del delito. Quien delinquió se hizo de un bien. Y recién se llegó a terminar penalmente con el tema penal muchos años después, hasta 20 años. Acá no se refiere a los delitos, se refiere a los bienes que fueron obtenidos a través de delitos. Jurídicamente es legitima la aplicación. En otros países como Perú y Colombia, donde se legisló es así. Hay antecedentes internacionales y ha sido muy eficaz.
Fuente: rionergo argentina

Nacionales
El 33% de las personas con empleo tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) presentó ayer su informe «Deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Desafíos para la agenda pública (2004-2023)», con datos del tercer trimestre de este año sobre pobreza e indigencia, pero además, con una evaluación integral en materia social y económica.
Los datos que arrojó este último informe de la UCA revelan que hay un universo de «nuevos pobres» en el país. Esto significa «trabajadores pobres» que trabajan pero no les alcanza para vivir, se encuentran en la informalidad, tienen cobertura de salud o educación precaria o viven en casas que se condicen con la pobreza.
Así, el informe revela que en 2023, el 33,1% de las personas ocupadas (con empleo) en el país tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza , de los cuales se suma también que el 32,5% viven en hogares pobres.
«No hay un gobierno más responsable que el otro, no es cuestión de color político el aumento de la pobreza. Tampoco es cuestión de si es un modelo pro mercado o pro Estado. La gente se defiende creando su propio trabajo», sostuvo Agustín Salvia, director del Observatorio, encuadrando el fenómeno de la informalidad en el mundo del empleo como forma de subsistencia ante la crisis.
En esa línea, el reporte destaca que la tasa de pobreza pegó más en los sectores muy bajos, alcanzando el 68%, mientras que en los sectores altos apenas llegó al 11% y en el promedio total alcanzó en el 2023 al 44,7%. Estos son índices que se vieron antes de la pandemia del COVID en el 2020 y son similares a los años de la presidencia de Néstor Kirchner en el 2004 y 2005.
Empleo y seguridad social
El documento de la UCA –analizado en El Cronista y Ámbito Financiero previo a su difusión- también sostiene que la falta de acceso al empleo y a la seguridad social constituyen la dimensión en la que el déficit presenta mayor incidencia: el 35,7% de la población reside en hogares que no tienen ingresos por empleo registrado o jubilaciones o pensiones contributivas.
En tanto, se destacó que casi el 60% de la población en la Argentina tiene empleo precario (26,5%), subempleo inestable (24,3%) y desempleo (8,8%).
El informe también mostró que las remuneraciones sufren un continuo deterioro en términos reales , algo que «no sólo ocurre por la puja distributiva sino fundamentalmente ante una caída en la productividad media del trabajo».
Por lo mismo, si bien la participación de los trabajadores asalariados formales en el ingreso ha tenido y continúa teniendo un peso insuficiente, la evolución de la media de ingresos ya no es representativa de los ingresos reales de los trabajadores.
Brechas
Además, el reporte advierte que «la brecha de ingresos entre los trabajadores de más alta y más baja remuneración, más que duplica la brecha de ingresos entre la ganancia media de los empresarios y la remuneración media de los trabajadores asalariados».
En este sentido, el informe revela que frente a la «pobre creación de más y mejores empleos» , y la imposibilidad de generar mejores remuneraciones, el gasto en transferencias sociales ha sido el mecanismo por excelencia más eficiente para mantener una relativa paz social.
Para Salvia, «la causa de la pobreza ha sido y sigue siendo la falta de inversión y de un crecimiento equilibrado entre sectores dinámicos y sectores tradicionales, con capacidad de generar más y mejores empleos, o, incluso, trabajos dignos en la economía informal. El resultado es un aumento sostenido de la población «sobrante».
En el balance final del trabajo, el informe de la UCA sostiene que «el principal problema no parece ser económico en la Argentina sino político: liderazgos con capacidad de gestión y compromisos para construir soluciones estratégicas».
Tendencia hacia 2024
Para 2024, el diagnóstico desde ODSA indica que la tendencia a la suba de la pobreza seguirá. Advierten que, a partir de un período de ajuste y saneamiento de la macroeconomía del país, habrá un crecimiento de este factor aunque no será un salto importante en las cifras. Para Salvia, «los más afectados serán aquellos que forman parte del 30/40% de la población socioeconómica más vulnerable, a los que habrá que prestarle atención», aclaró.
La encuesta de la Deuda Social de la UCA se hizo sobre un muestreo de 5760 hogares en un universo geográfico de los grandes conglomerados urbanos que abarca el área metropolitana del Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Salta, Neuquén La Rioja, San Juan Tierra del Fuego, Chubut y Chaco.
Las posibilidades en el tablero para frenar la inflación
¿Cuál será el ancla del nuevo programa económico?
El equilibrio fiscal vía reducción del gasto público y un nuevo tipo de cambio son dos de los ejes que tendrá la política económica del nuevo gobierno argentino luego del 10 de diciembre. De hecho, son hoy de las pocas certezas que existen en cuanto a lineamientos en esta materia.
El Radar Económico de la Consultora PXQ, al analizar algunas variables y los efectos que podrían generar las primeras medidas de la nueva gestión, sostiene que el equilibrio fiscal y un dólar estimado en torno a AR$/US$ 700, implicarán «una presión sobre el gasto público indexado y sobre las coberturas cambiarias e inflacionarias de la deuda». Por tanto, a la hora de buscar «el ancla» del programa, una opción podría ser «pausar las paritarias». «Si el Presidente electo no logra una pausa en las paritarias, lo único que se puede esperar es una aceleración sustantiva de la inflación», indica el informe de la semana pasada.
Sin embargo, advierte que en un sistema que no tendrá anclas nominales, la incógnita por despejar será a qué tasa de inflación se converge, teniendo en cuenta que se avanzará en una «desregulación de los precios», que podría ser gradual.
«Para lograr la convergencia a una tasa de inflación menor , se deduce que a posteriori de la corrección cambiaria (llevando el dólar a 700), el BCRA se vería obligado a retomar el esquema de crawling-peg (devaluaciones graduales) si se quiere evitar una nueva apreciación del tipo de cambio oficial que ensanche la brecha», sostiene el reporte económico.
DIARIO NORTE.-
Nacionales
Pino: «Milei va a encaminar su gestión en base a sacarle el pie de encima al agro»

El presidente de Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, aseguró que el presidente electo, Javier Milei, «va a encaminar su gestión en base a sacarle el pie de encima al sector agropecuario» y remarcó que «la gente del campo está con mucha expectativa» ante el cambio de gobierno.
Según Pino, Milei y su equipo encabezado por el ingeniero agrónomo Fernando Vilella, «entienden y saben lo que necesita el campo», lo cual genera «mucha expectativa» en el sector, a la par que «el panorama hacia adelante es bueno a nivel precios y clima».
Asimismo, destacó que el presidente electo «fue muy claro en reconocer al sector agropecuario como el motor de la economía de la Argentina, y al decir que los derechos de exportación son un pésimo impuesto y hay que eliminarlos».
No obstante, «va a haber que tener mucha paciencia y templanza», puntualizó el titular de la SRA en declaraciones a América TV.
«Hay que tener paciencia, que el Presidente se acomode, empiece a tener su gestión y ahí ver qué se va haciendo», subrayó, tras lo cual afirmó estar «seguro de que él va a encaminar su gestión en base a sacarle el pie de encima al sector agropecuario».
Carnes y leches
Consultado sobre factores a mejorar, Pino pidió «cortar los intervencionismos» y «dar previsibilidad», sobre lo cual mencionó como ejemplo que «seguimos con un mercado de carne intervenido, con siete cortes que no se pueden exportar».
Al referirse al sector lechero, analizó que «en los últimos años no cambia la producción de litros de leche, se mantiene, pero con cada vez menos tamberos en actividad», por lo que propuso «generar la expectativa y la certeza de que ese puede ser un sector que vaya para adelante».
Por último, se refirió a los «años difíciles» que atravesó el campo, al cual «más allá de la sequía, lo golpeó, y fuerte, los tipos de cambio».
«El no haber hecho los retoques necesarios con el tipo de cambio que nos fue haciendo perder competitividad en todas las producciones, no sólo en leche y trigo, sino también en lana y vino», graficó.
El jueves pasado Vilella, acompañado por sus principales colaboradores, entre los que se encuentran el presidente de la Asociación de Maíz y Trigo Argentino (Maizar), Pedro Vigneau, y el expresidente de la Fundación Barbechando Germán Paats, se reunió con parte del equipo técnico del designado ministro de Economía, Luis Caputo.
TELAM.-
Nacionales
La pobreza llegó a casi un 45% en el tercer trimestre de 2023

La pobreza multidimensional urbana ascendió en el tercer trimestre de 2023 al 44,7% del total de la población y al 62,9% de los niños y adolescentes, de acuerdo con el informe dado a conocer hoy por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El director del Observatorio, Agustín Salvia, indicó: «Estamos en presencia de una crisis que marca un fin de ciclo, gobierne quien gobierne», sentenció en una rueda de prensa, en referencia a las dos décadas iniciadas en la «posconvertibilidad» en el que «se apostó más al equilibrio social fomentando el consumo que al crecimiento económico priorizando la inversión».
La pobreza multidimensional urbana ascendió en el tercer trimestre de 2023 al 44,7% del total de la población y al 62,9% de los niños y adolescentes, de acuerdo con el informe dado a conocer hoy por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El director del Observatorio, Agustín Salvia, indicó: «Estamos en presencia de una crisis que marca un fin de ciclo, gobierne quien gobierne», sentenció en una rueda de prensa, en referencia a las dos décadas iniciadas en la «posconvertibilidad» en el que «se apostó más al equilibrio social fomentando el consumo que al crecimiento económico priorizando la inversión».
El impacto de la cobertura de los planes sociales
La ayuda social, especialmente la que ofrece el Estado a través de programas y planes, se ha constituido como el gran elemento de contención de la pobreza y la indigencia en el país.
De acuerdo a los números de ODSA de 2023, la tasa de indigencia treparía del 9,6% observado al 20,1% si no tuviera la cobertura de planes sociales como AUH, pensiones no contributivas ni otro tipo de apoyo.
En lo que respecta a la pobreza, el 44,7% estimado se convertiría en un 49,1% si no tuviera la contención de la AUH y otros programas sociales y pensiones no contributivas. Esto además fomenta una retracción del mercado del empleo formal y un avance del empleo informal e inestable, es decir, las «changas» o tareas temporales que permiten generar algún ingreso de subsistencia.
«La pregunta ya no es por qué aumenta la pobreza, más bien deberíamos preguntarnos cómo es que no aumentó aún más la pobreza», consideró Salvia, en el diagnóstico de la situación socioeconómica.
Por otra parte, el empleo pleno, aquel que le genera a la persona una remuneración fija y en blanco con todos los beneficios, se mantuvo en el 40,4%. Mientras que el empleo precario fue del 26,5%.
Asimismo, el subempleo inestable (las changas) tuvo un leve ascenso y alcanzó el 24,3%, sumado al 8,8% del desempleo.
Qué se espera para el próximo año
Salvia aseguró que para 2024 «se abre un escenario en el que la pobreza va a seguir aumentando, no de manera explosiva, sino en niveles similares al crecimiento que tuvo en los últimos dos años», en un contexto que, como anticipó el presidente electo Javier Milei, coexistirán «una dinámica de alta inflación con el estancamiento económico».
Sobre sus expectativas acerca del futuro gobierno de Javier Milei, advirtió que en el corto plazo habrá «un ajuste en los precios relativos» que incidirá negativamente en los niveles de pobreza e indigencia, mientras que en el mediano y largo plazo «no se sabe a dónde va a llegar, pero si es exitoso tiene la potencialidad de crecimiento».
Salvia sostuvo que «en el proceso, habrá una puja distributiva muy importante y los sectores más vulnerables deberán ser cuidados».
«Hay un consenso que algo se está haciendo muy mal y hay que cambiarlo», aseguró y precisó que «si esto sigue así, habrá un aumento de nuevos pobres por descenso de clase medias bajas, pobreza más estructural y mayor dependencia de los pobres extremos y las clases bajas de la asistencia pública».
Por otra parte, el ODSA espera un «desarrollo de estructuras defensivas por parte de las clases medias empresarias», además de un «crecimiento del trabajo informal y de la economía social de subsistencia con mayor autoexplotación familiar y deterioro de la salud, la educación, el hábitat, la seguridad y el acceso a la Justicia de los sectores pobres».
«Desde hace mucho tiempo que la economía argentina no garantiza un crecimiento estable y prolongado de manera sostenible», acotó e indicó que «durante los últimos 23 años el crecimiento promedio per cápita apenas fue del 0,73% anual, claramente deficitario para atender deudas sociales históricas».
El resultado de ese bajo crecimiento es que «ciclo tras ciclo la sociedad argentina viene acumulando una pobreza estructural, crónica y persistente, con brechas de desigualdad que ponen barreras a los acuerdos sociales y políticos», manifestó Salvia.
DIARIO NORTE.-
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