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El Gobierno envía un proyecto que limita los cortes de calles y el ingreso de inmigrantes

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Forma parte de la reforma del Código Penal. Es una iniciativa que viene demorada y ahora buscarán apurar. Sube la pena por entorpecer el tránsito y crea un delito para extranjeros.

Si a las horas de violencia y represión frente al Congreso le siguieron las controversias por las motivaciones detrás de las protestas y también por los cuatro extranjeros detenidos, en medio de una discusión creciente y replicada dentro del propio Gobierno sobre el rol de las organizaciones sociales, las reformas al Código Penal que enviará este mes el Ejecutivo al Congreso abrirá otro fuerte debate en el despunte de la campaña electoral y en un contexto de conflictividad en aumento. Entre las novedades el proyecto sube las penas por cortar el tránsito y crea el delito de incumplimiento de la prohibición de ingresar al paíspara los migrantes.

Mauricio Macri instruyó apurar los últimos detalles del texto para girarlo al Senado y que comience a discutirse luego del Presupuesto. El tratamiento llevará su tiempo, en línea con el volumen de la reforma -el Código Penal se sancionó en 1921, se sucedieron parches y otras leyes- y la diversidad de temas. Una comisión encabezada por el camarista federal Mariano Borinsky trabajó el anteproyecto durante un año y medio, el Código pasará de 320 artículos a 540 y buscará sistematizar leyes con contenido penal que estaban dispersas. Será una de las discusiones que se moverá en el Congreso, en una etapa con baja actividad, algo que se potenciará el año próximo con la campaña electoral. Aun así en el Gobierno consideraron que empujar esos temas tendrá el apoyo de buena parte de la opinión pública.

“Es un Código Penal que defiende valores que venimos planteando, el valor de la convivencia en la calle que ha tenido muy pocas sanciones. Eso tiene que empezar a cambiar. Y los extranjeros que violan la ley, reincidentes, deben tener consecuencias”, dijo a Clarín un alto funcionario sobre estos aspectos de la iniciativa.

En este caso la disputa entre Nación (Macri-Patricia Bullrich) y Ciudad (Horacio Rodríguez Larreta-Martín Ocampo) por la respuesta a la protesta en la calle -con un protocolo “antipiquete” ya descartado- parece haber quedado en suspenso: ambas administraciones trabajaron sobre los cambios. El proyecto aumenta la escala penal de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión por “detener o entorpecer” la marcha de medios de transporte público y también de los privados sin autorización. Con esa redacción el corte no constituiría delito únicamente si interrumpe el tránsito de privados con el permiso del Estado. A su vez el juez interviniente tendrá que analizar en cada caso la existencia de vías de circulación alternativas, que no se cometan lesiones y daños, que no se impida “el ejercicio de derechos personalísimos” y la urgencia del reclamo, entre otros puntos.

En las últimas semanas funcionarios advirtieron que las marchas con cortes vienen aumentando desde agosto y que el control de la calle se convirtió en una de las principales preocupaciones del Gobiernopara lo que resta del año. La crisis económica potenció los reclamos, aunque en la Casa Rosada lo atribuyeron también a motivaciones políticas. Las organizaciones sociales replicaron las acusaciones y lo atribuyeron a una estrategia para criminalizar la protesta.

Desde la comisión redactora aseguraron que tomaron pronunciamientos de la Corte. “El delito de interrupción de los medios de transporte resultacompatible con el derecho constitucional a la protesta social”, dijo Borinsky a Clarín, y agregó: “Los últimos avances en la jurisprudencia y el derecho comparado exigen considerar restricciones razonables de modo, tiempo y lugar, de manera que se respeten los derechos de todos los individuos afectados”.

A su vez el nuevo Código incorpora una figura agravada para los migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición de reingresar a Argentina luego de una expulsión por sentencia condenatoria judicial. Para el último caso contempla prisión de uno a cuatro años; de acuerdo con la normativa vigente no es delito. A eso se sumará la discusión para endurecer la ley migratoria, con negociaciones entre el Gobierno y un sector del peronismo para agilizar las expulsiones.

La lupa volvió a posarse sobre los extranjeros en época de crisis. “Tenemos que protegernos frente los que nos complican la existencia a todos”, dijo Macri la semana pasada. Bullrich, Miguel Pichetto y Rogelio Frigerio -si la Justicia encontraba pruebas- habían pedido que los detenidos en los incidentes frente al Congreso sean expulsados del país. “En nuestro caso no es por el triunfo de Bolsonaro. Desde el primer día estamos cambiando el paradigma en seguridad e inmigración”, esgrimió un integrante del Gabinete.

CLARIN.-

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Excarcelaron a Carolina Pochetti, arrepentida en la causa de los cuadernos

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Excarcelaron a Carolina Pochetti, arrepentida en la causa de los cuadernos

La viuda del secretario presidencial Daniel Muñoz, Carolina Pochetti, fue excarcelada hoy en la causa conocida como “los cuadernos de la corrupción”, confirmaron fuentes judiciales.

La medida la dispuso el juez federal Claudio Bonadio, instructor del sumario penal en el que Pochetti habría aportado datos para el avance de la investigación que el magistrado realiza con la intervención de los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.

Pochetti fue detenida en octubre de 2018, a pedido de Stornelli y Rívolo, por las declaraciones que realizaron otros arrepentidos.

La mujer fue procesada hace dos semanas por el presunto multimillonario lavado de activos.

Los fondos corresponderían al pago de “retornos”, parte de los cuales aparecen en las anotaciones en los cuadernos que realizaba el chofer Oscar Centeno.

En un primer momento se mantuvo sin informar al tribunal, pero luego, ante los fiscales, contó cómo se manejaba Muñoz con Kirchner y cuál era su relación con su esposa (dijo desconocer si trabajó para ella), la también ex presidenta Cristina Fernández.

Según Pochetti, Muñoz renunció en 2010, pero siguió concurriendo a la residencia presidencial de Olivos hasta que en octubre de ese año se produjo la muerte de Kirchner.

La viuda del ex secretario presidencial contó también que pagó 10.000.000 de dólares al juez federal Luis Rodríguez, para que los favoreciera en una causa donde se había pedido que se investigara el patrimonio de Muñoz y Pochetti.

Por esas declaraciones Rodríguez sumó en pocas horas varios pedidos de remoción en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Fuente: Télam

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Ordenaron la detención de Luis D’Elía

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Ordenaron la detención de Luis D’Elía

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de la defensa y le ordenó hoy al Tribunal Oral Federal (TOF) 6 “el inmediato cumplimiento de la sentencia” contra el dirigente Luis D’Elía.

Así lo resolvió esta Cámara, después de confirmar la condena contra Luis D’Elía por la toma de una comisaría en 2004 y así quedó a un paso de ir a prisión.

El máximo tribunal penal había confirmado la condena sobre D’Elía pero le redujo la pena a tres años y nueve meses.

El 26 de junio de 2004, según la acusación, el dirigente encabezó junto a un grupo de al menos 40 personas la toma la comisaría 24 en La Boca desde las 0.20 hasta las 8, en reclamo por la detención de quien luego fuera condenado por el asesinato del dirigente barrial Martín “Oso” Cisneros.

Con la decisión de Casación, los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques dispusieron devolver las actuaciones al Tribunal Oral Federal 6 para que se cumpla de inmediato la pena impuesta contra el dirigente piquetero.

 

 

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Fuente: PRIMERA EDICION

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Prorrogan hasta el 31 de marzo adhesión a revalúo impositivo de Ganancias

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Prorrogan hasta el 31 de marzo adhesión a revalúo impositivo de Ganancias

El gobierno nacional extendió hasta el 31 de marzo próximo el plazo para adherir al revalúo contable e impositivo, régimen optativo para las personas físicas y sucesiones indivisas, del impuesto a las Ganancias.

Lo hizo a través del decreto 143/2019 publicado hoy en el Boletín Oficial, donde modificó el plazo que vencía en principio a fin de este mes.

El régimen de revalúo prevé el pago de un impuesto especial, que se aplica sobre la diferencia entre el valor de la totalidad de los bienes revaluados y el valor impositivo determinado.

El decreto explicó que la prórroga se decidió debido a diversas circunstancias de orden local y el contexto internacional, que derivaron en una mayor volatilidad de las variables financieras.

Así se permite que los responsables tengan la posibilidad de evaluar, analizar y adoptar la decisión que estimen más conveniente, y que los profesionales intervinientes dispongan de un plazo adicional para el desarrollo de todas las tareas vinculadas con el régimen optativo de revalúo impositivo.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

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